Insuficientes operativos contra la minería ilegal

En los últimos años ha crecido de manera desproporcionada la explotación de oro en varias regiones del territorio nacional. Lamentablemente, como se sabe por investigaciones periodísticas y de entidades ambientalistas nacionales y foráneas, los llamados cooperativistas mineros han incursionado en reservas naturales para realizar sus actividades, muchas de las cuales han resultado irregulares, causando una serie de graves problemas. Inicialmente ingresaron a áreas protegidas de Beni y Santa Cruz y, últimamente, al Parque Nacional Madidi, considerado el de mayor biodiversidad del mundo, ubicado entre las provincias Iturralde y Franz Tamayo, al norte del Departamento de La Paz.
En ese sentido, se afirma que dicho sector minero ha adquirido tanto poder que controla todo lo que sucede dentro de esas áreas supuestamente bajo protección estatal. Lo cierto es que es muy débil la presencia de los organismos del Estado en los parques nacionales, lo que pone en entredicho el tan pregonado respeto a la madre tierra. Lo peor es que esa falta de control causa el saqueo no solo de minerales, sino la depredación de riqueza forestal y reducción dramática de fauna silvestre, además de la contaminación de ríos por el echado de mercurio en sus aguas, provocando una peligrosa contaminación.
Una de las causas de tan peligrosa situación tiene que ver con la otorgación de numerosas concesiones para explotación minera a “cooperativistas”, detrás de los cuales, según investigaciones, están capitalistas chinos, colombianos y peruanos, por lo que se moviliza mucho dinero para sacar oro del país. Por ello, cuando son sancionados económicamente algunos explotadores de oro, pagan las multas y retornan con maquinaria pesada para continuar con sus actividades, sin considerar el grave daño ambiental que provocan, afectando particularmente a los pobladores indígenas.
En consecuencia, se deduce que las reservas naturales son objeto codiciado de depredadores foráneos que utilizan para sus fines aviesos a “cooperativistas” mineros nacionales. Lo peor es que hasta el momento no se conoce que las autoridades nacionales hayan asumido medidas efectivas para detener tanto saqueo de recursos naturales en lugares que, supuestamente, están protegidos por nuestro ordenamiento legal.
Solamente los medios de comunicación informan cada cierto tiempo sobre operativos insuficientes que dan lugar a confiscaciones de algunas dragas o sanciones pecuniarias, pero la depredación continúa, así como el derrame de mercurio en aguas que sirven para el consumo de las poblaciones nativas. Ese es el actual panorama desolador de las reservas naturales por la escasa presencia de los organismos estatales en esos lugares que pueden, a corto plazo, perder toda su riqueza vegetal y animal, en perjuicio de las futuras generaciones de bolivianos.