En su informe anual correspondiente a la gestión 2022, la Defensoría del Pueblo, recomendó pedir el cumplimiento de la Ley 494 referida al cierre del centro penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz y la construcción del proyecto Complejo Penitenciario para el departamento, acorde a las necesidades de la población privada de libertad.
Asimismo realiza 30 recomendaciones al Estado boliviano para precautelar el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el país en cuanto a las personas privadas de libertad.
Recomienda, por ejemplo, el relevamiento de la infraestructura carcelaria a nivel nacional, acciones en beneficio de población vulnerable privada de libertad, en especial madres, personas con enfermedades terminales, adultos y personas discapacidad física y/o mental.
Se recomendó también elaborar una propuesta para mejorar los servicios de salud en centros penitenciarios y analizar la cobertura ambulatoria a celdas policiales, además de incrementar las jornadas de descongestionamiento carcelario y acciones conjuntas con el Ministerio Público en procura de bajar el hacinamiento en centros penitenciarios.
DETENCIÓN
PREVENTIVA
Entre las recomendaciones está también la realización de un estudio técnico y estadístico sobre el uso de la detención preventiva, con el objetivo de identificar las causas de su uso excesivo y analizar las posibles soluciones.
En mayo de 2023, el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó que hasta abril de este año, la población privada de libertad en Bolivia alcanzó a las 25.940 personas, entre varones y mujeres. La detención preventiva es la causa mayor del 147% de hacinamiento
De los 25.940 reclusos, el 64,4%, tiene detención preventiva. Frente a un 35,6%, 9.235, que cuenta con sentencia en sus procesos.
El departamento con más hacinamiento carcelario es Santa Cruz, que tiene una capacidad para albergar a 2.878 reos; sin embargo, existe una población de 9.619. Le sigue La Paz, cuyas cárceles debieran tener 2.115 personas recluidas, pero hay 5.387.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en su informe final sobre los hechos de violencia y vulneración de derechos en 2019, estableció que autoridades judiciales “no respetan los estándares legales sobre el uso restrictivo de la detención preventiva”.
“Esta situación ha acarreado otros problemas, como el hacinamiento carcelario”, señala una parte del punto 3.2 de ese informe, que lleva por título abuso de la detención preventiva.
El 22 de febrero de 2022, al emitir 19 observaciones sobre la situación de la justicia, el relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Diego García-Sayán, observó que “el 64,10% de las personas privadas de libertad (de entonces) estaban bajo detención preventiva”. Llamó a todas las instituciones y sociedad civil a conformar “un gran acuerdo nacional por la justicia”.
NORMA
La Ley Nº 494, del 25 de enero de 2014, declara de interés y prioridad nacional la ejecución del Proyecto “Complejo Penitenciario del Departamento de La Paz”.