Ya advirtieron economistas sobre el papel que cumpliría la Gestora, su caja chica del gobierno para cubrir los recursos que le falten. Ahora, ante la caída de los fondos para pagar la Renta Dignidad a través de un decreto obliga a la Gestora a cubrir el saldo con las utilidades que genere la renta de los jubilados, debido a la caída de la producción del gas y la reducción de los ingresos, de acuerdo a economistas.
El economista Dante Pino escribió en su cuenta @dantenapuco, alerta jubilados, “los fondos de la Renta Dignidad han caído en 69%, de 12 millones de bolivianos que tenía el 2015 para el 2021 tiene 4 millones. Los rentistas aumentan y el fondo disminuye. Para cubrir el faltante, el gobierno ha emitido un DS 4716 que autoriza a la Gestora a cubrir el saldo con las utilidades que genere”.
Es decir, los jubilados pagarán a los rentistas su Bono. La Gestora depende del gobierno y este es el principal deudor que tiene. Las rentas jubilatorias están en peligro. Señales claras de los efectos que tiene la disminución de ingresos por IEDH. Si no reaccionamos a tiempo los costos serán impagables, advierte.
Mientras el ejecutivo de la Fundación Tierra, Gonzalo Flores, escribió en su @DonGonchi: Es decir, que los que ahorraron durante años (los jubilados y los que contribuyen actualmente), pagarán los bonos de los que no ahorraron casi nunca, pero son capaces de hacer marchas exigiendo sus “derechos”. Así es el socialismo”.
Aumento
Entretanto, una nota de prensa de la Gestora Pública informa que «desde su creación, en 2007, a julio de 2023, la cantidad de beneficiarios de la Renta Dignidad pasó de 752.338 adultos mayores a 1.158.501, esta cantidad equivale al 10 % de toda la población boliviana».
La Renta Dignidad, creada por disposición de la Ley Nº 3791, es un pago mensual, universal y vitalicio que provee el Estado a las personas de 60 años o más, residentes en el país, con el objetivo de proporcionarles una vejez digna.
En el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada tenía el nombre de Bono Sol y tenía que ser cubierto con las utilidades de las empresas capitalizadas, pero tuvo que acudir a las Administradoras de Fondos de Pensiones para cumplir con el pago, debido a que los recursos no alcanzaban.
Ahora, la Gestora señaló que la Renta Dignidad se financia con el 30% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, una proporción de los dividendos de las empresas públicas capitalizadas y no nacionalizadas, recursos provenientes de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Transportes y Telecomunicaciones (ATT) y las inversiones que realiza el Fondo de Renta Universal de Vejez (FRUV).
El boletín de prensa de la Gestora asegura que en 2022 el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para la Renta Dignidad fue de 1.583 millones de bolivianos, monto superior en 30% a lo obtenido en 2021 que llegó a 1.218 millones. En cuantos a los dividendos de las empresas nacionalizadas llegaron a 1.082 millones, mientras que en 2021 llegaron a 635 millones, ello quiere decir, que se incrementaron en 70%. Entre las empresas aportantes están las subsidiarias de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Panorama energético
Pino escribió en su @dantenapuco, con datos de GELA, que «en el 2024 dejamos de exportar gas a Argentina y 2029 a Brasil. El año 2022, tenemos un déficit energético de 1.300 millones de dólares. El año 2029 este déficit será de 5.700 millones. Ese año vamos a importar todos los combustibles. #Laguerradelgas nos quitó el futuro energético, la democracia y la justicia. Los autores, que debían rendir cuentas al país por esto, están peleando por prolongarse: @LuchoxBoliviia y @evoespueblo».
Mientras el analista de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, escribió en su @RaulVelag que “la producción de gas cayó en -39% entre 2015 y 2023 y con ello las exportaciones. La producción de líquidos el 2014 era de 62 mil barriles día (ya importábamos combustibles), en julio 2023 llegó solo a 31 mil barriles, es decir, la mitad. Se requieren ajustes estructurales”.
En una de sus intervenciones, Margaret Thacher escribió: “Si el Estado quiere gastar más dinero, sólo puede hacerlo endeudando tus ahorros o aumentando tus impuestos. No es correcto pensar que alguien lo pagará. Ese ‘alguien’ eres tú. No hay ‘dinero público’ sólo hay dinero de los ‘contribuyentes”.
En su momento, el gerente general de la Gestora Pública, Jaime Durán, indicó que existen varios candados para un buen manejo de los recursos de los jubilados, pero el economista Gonzalo Chávez, indicó al respecto, que la llave lo tiene el gobierno y funcionarios del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Una de las sugerencias de expertos en el tema apuntaba a que se abra el mercado de pensiones al sector privado, como lo hizo Chile, que tiene una estatal y una privada, debido a que son recursos privados.
También apuntan a la reducción de la informalidad laboral, que permitiría contar con mayores contribuyentes al SIP y mejorar, paralelamente, las jubilaciones de la población retirada.
En el antiguo sistema de pensiones, el trabajo de siete personas aportaba para la jubilación de una persona, pero con el tiempo este se fue reduciendo, así como la rentabilidad de la plata de los jubilados.
Artículo
El DS en su artículo 2°.- (Modificación) indica que «se modifica el Parágrafo I del Artículo 12 del Anexo A del Decreto Supremo Nº 2248, de 14 de enero de 2015, modificado por el Parágrafo I del Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 2802, de 15 de junio de 2016, con el siguiente texto:
«I. Las utilidades que genere la Gestora por las actividades de administración, serán destinadas conforme a reglamentación emitida por el Directorio, debiendo considerar previamente las reinversiones necesarias e inversiones tanto en infraestructura, en la operativa administrativa, en sistemas u otra necesaria para su desenvolvimiento, cumplir las obligaciones con el Tesoro General de la Nación – TGN y constituir la Reserva Legal; asimismo, podrán ser transferidas al Fondo Solidario y/o al Fondo de la Renta Universal de Vejez».
