La asunción de la “Estrategia de Contingencia” para erradicar la violencia en el ámbito educativo, data del 27 de julio de la presente gestión, resultado de la tercera reunión nacional de la “Comisión Multidisciplinaria”, presidida por el Ministerio de Educación.
A días de cumplirse el primer mes de su asunción, los seis componentes circunscritos en la gestión institucional, curricular, comunitaria, comunicacional y formación de maestros; además, del seguimiento, monitoreo y evaluación, se constituyen en meras disposiciones sustantivas, careciendo de manera alarmante de elementos adjetivos (acciones).
Resulta paradójico y patético que, hasta la fecha, las acciones para erradicar la violencia en unidades educativas por parte del Ministerio de Educación, se redujeron a la distribución de buzones de madera a las nueve Direcciones Departamentales y la habilitación de una línea gratuita (800-10-1757), bajo el eslogan “No te calles”.
Referidas acciones simplistas y descontextualizadas, son contrarias a la realidad de los contextos educativos urbanos y principalmente rurales, debido a que la conectividad sigue siendo un caso pendiente en buen número de las unidades educativas del área dispersa; es más, cabe aclarar que las Direcciones Departamentales de Educación se encuentran en las capitales de cada departamento.
Consiguientemente, las acciones de la “Estrategia de Contingencia” para erradicar la violencia en el ámbito educativo, deben ser concordantes con la política de brindar la atención oportuna y protección a las víctimas (estudiantes) de violencia en las unidades educativas.
En ese marco, es imperante que el Ministerio de Educación y otros ministerios del ramo, garanticen la defensa técnica (patrocinio de abogado) para los estudiantes que fueron víctimas de violencia, en razón de afrontar en igual de condiciones los procesos por la vía penal y administrativa.
En la actual coyuntura, en la cual los casos de violencia en unidades educativas van en ascenso incontrolable, es imperante que el Ministerio de Educación, incorpore mayor cantidad de profesionales abogados a la Unidad de Asuntos Jurídicos de las nueve Direcciones Departamentales de Educación del país; en razón de la excesiva carga de procesos administrativos disciplinarios que deben asesorar y afrontar en defensa de las víctimas, que en su mayoría son estudiantes.
Por otra parte, ante la clara limitación técnica del Tribunal Disciplinario (director Distrital y dos padres de familia) de las Direcciones Distritales de Educación de cada municipio, es necesario que el Ministerio de Educación, inserte en su Plan Operativo Anual (POA) de la próxima gestión, la contratación de por lo menos un profesional abogado, que posibilite el asesoramiento pertinente en los diferentes procesos, por causa de la violencia jerárquica (maestros a estudiantes).
El autor es Magíster en Políticas de Formación Docente.