La diputada por Creemos, María René Álvarez, advirtió que existen intereses políticos y particulares en la insistencia del Gobierno para forzar la construcción de la carretera La Guardia – Buena Vista, provocando un daño ambiental en la Unidad de Conservación del Patrimonio Natural (UCPN) de Santa Cruz.
En conferencia de prensa, Álvarez explicó que en la zona existe un proyecto inmobiliario que ofertó 20 mil lotes de terreno en el tramo 2 de Las Cruces a Buena Vista, que está dentro de la zona de la UCPN y que, por tanto, implicará asentamientos humanos no planificados.
Los lotes dentro de la denominada urbanización La Coincidencia, fueron ofertados al Sindicato de Trabajadores de la Caja Nacional de Salud, con cuotas iniciales de mil dólares.
Ante ello, anunció activar las acciones de fiscalización legislativa correspondientes, pero además una denuncia penal porque este tipo de proyectos no están permitidos en esa zona, que contiene los acuíferos y reservorios de agua que abastecen al área metropolitana de la ciudad de Santa Cruz.
Reprochó la inspección que realizó el ministro de Obras Públicas, el fin de semana, cuando además acarreó militantes del Movimiento al Socialismo para exigir la construcción de la carretera.
«Si quieren guerra, guerra van a tener, porque los cruceños no vamos a permitir que se atente contra nuestros recursos naturales y el agua que es el futuro de cada boliviano que vive en Santa Cruz «, acotó.
El funcionario del Ejecutivo, opinó que «ninguna carretera del mundo provoca impacto ambiental», además dijo que la Gobernación de Santa Cruz emitió licencias para proyectos inmobiliarios en la zona.
«Esa es otra mentira, porque la última licencia de trabajos en la UCPN fue emitida en 2018, y la única urbanización con licencia, tiene restricciones de adecuación y, por tanto, no puede realizar ninguna acción. Además, las licencias emitidas en 2013 para trabajos de pozos y riegos están vencidas”, aclaró Álvarez.