La justicia en la realidad no es como dicen los códigos. La justicia, al final, será como lo diga el juez cuando dicte la sentencia. Las leyes están dictadas para que las aplique el juez.
Los abogados son profesionales que estudian cómo encarar los procesos en el lenguaje forense, que es el que entienden los jueces, de manera que entre alegatos y pruebas se dictará la sentencia. La ley, los litigantes, el abogado y el juez, son los protagonistas de esa puesta en escena que se llama juicio. Tres instancias tienen un pleito, por qué tantas, nos estamos preguntando.
Veamos, si el juez es sabio y probo –tendría que serlo– su sentencia debiera tener el valor de cosa juzgada (utopía pueden llamarlo muchos). ¿Acaso el juez es tan incipiente para aplicar la ley, un principiante mostrenco con opción de equivocarse? Se debe suponer que su sentencia es la Verdad (con mayúscula). Sin embargo, hoy, esa sentencia puede ser apelada ante al Tribunal Departamental de Justicia, para que después de meses diga con buenas razones que el juez estaba en lo cierto, o que se equivocó. La buena razón nos dice que el juez estaba en lo cierto. Así que debería ser ratificado en su sentencia.
A pesar de ello, el litigante disconforme decide usar la tercera instancia, en cuyo caso serán los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que, otra vez, revisen los antecedentes y resuelvan, después de meses, en última instancia. Esta decisión es inapelable. La buena razón exige que esta última decisión suprema, confirme que todos los anteriores juzgadores estuvieron correctos. Eso generaría confianza en la justicia.
La pregunta persiste ¿por qué tres veces sobre lo mismo? Acaso sea bajo el supuesto de que los juzgadores de primera y segunda instancia se hubieran equivocado. Toda esta tramitomanía construye el largo, costoso, enervante y escabroso camino para conseguir que la justicia proteja nuestros derechos. Todo juez, en cualquier instancia, debe ser sabio y probo. Esto significa que debe superar el examen de conocimiento (sabiduría) y el de conciencia (incorruptible por esencia).
Se habla mucho de realizar cambios profundos en la justicia, si no se aclara en qué consisten, quedan como simples frases etéreas de alguien que no sabe. Por ahora, las elecciones judiciales, en medio de una infección política, tienen el propósito de renovar magistrados de tres tribunales y un consejo. Cada tribunal tiene su relevancia particular. Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) resuelven en última instancia los juicios. Por su parte los miembros del Consejo de la Magistratura tienen atribuciones administrativas, y una de gran importancia: designan a los jueces, eso dice la ley. El último dato publicado menciona que en Bolivia existen 1.008 jueces (de Partido y de Instrucción). Ellos son los que trabajan en los Palacios de Justicia, los juzgados son escenarios activos donde se juegan los primeros tiempos de los pleitos. Un hervidero de abogados, descomunal aparataje que moviliza litigantes, testigos, peritos, acumulando miles de papeles. Es la judicatura engarrada en pleno, actuando en cada ciudad capital, en las provincias, y donde exista un asiento judicial. Y ahora nos damos cuenta de la importancia que tiene ser Consejero de la Magistratura. Bien se sabe que, en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) –según ha trascendido–, la razón principal del auto bloqueo es que no se ponen de acuerdo sobre nombres y apellidos para la selección, porque según sean los elegidos para el Consejo de la Magistratura, mayor será la opción del proponente para intervenir en el nombramiento de jueces.
El juez que tiene la sagrada misión de proteger nuestros derechos, debe ser brillante, sabio y probo, sin contaminación partidaria. La sociedad así lo exige.
El autor es Periodista.