Tras oficializarse una nueva derrota para el Estado boliviano en un laudo arbitral ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, esta vez en favor de la multinacional Glencore, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Marcelo Pedrazas, apuntó al gobierno de Evo Morales por haber ejecutado una falsa nacionalización, adelantando que ningún proceso de arbitraje por este concepto, terminará con victoria para el país.
Pedrazas señaló que la capitalización del período 1993-1997 fue, jurídicamente, la reorganización de empresas estatales según el estatuto de las sociedades por acciones más la venta de una parte de las acciones emitidas (títulos valores) para invertir el dinero obtenido en la misma empresa u otra actividad pública.
El Estado boliviano y las personas (naturales/jurídicas, nacionales/extranjeras -transnacionales), quienes compraron dichos títulos, concurrieron como accionistas a gestionar –por mayoría y minoría– las empresas capitalizadas.
“Evo Morales y el MAS montaron un aparato ideológico que posicionó la idea inexacta de que la capitalización era deficiente, ignorando su realidad jurídica y económica. Incapaces de proponer una alternativa de gestión eficiente del paquete accionario del Estado boliviano, entendieron suficiente para su demagogia la propuesta de “nacionalización” de las capitalizadas”, sostuvo.
Recuperar el control de las capitalizadas y regir su operación, exigía simplemente negociar legítimamente con los propietarios la compra de sus acciones (dentro/fuera de bolsa de valores) a fin de acumular 51% del paquete accionario en cada una de ellas; o, con causal probada, demandar ante la jurisdicción pertinente la resolución/rescisión de los actos de venta de acciones, adecuándose al Derecho internacional y boliviano, evitando dañar ilegalmente el patrimonio de los accionistas y ciñéndose a las garantías de un Estado democrático de Derecho.
Sin embargo, las formas jurídicas carecían del simbolismo apetecido por el MAS y no eran compatibles con su finalidad “especial” -constatada hace poco- de apadrinar y enriquecer bufetes satélites desde la administración pública.
Fieles a su esencia autocrática, Evo Morales y su Gobierno se apropiaron ilegalmente, de facto, de las acciones inherentes a quienes las compraron en la capitalización, causándoles objetivamente daño patrimonial por el precio comercial de las mismas más perjuicios. A este procedimiento ilegítimo, Evo Morales y el MAS lo denominaron “nacionalización”, empero, jurídicamente, no fue sino burda “confiscación” violatoria de los derechos a la propiedad privada y seguridad jurídica tuteladas por los Derechos internacional e interno.
“Según la forma de Gobierno las reglas de juego son distintas. Las democracias operan jurídicamente (negocian/concilian y procesan). En cambio, las autocracias que son dictaduras constitucionales, engañan, confiscan bajo el rótulo simbólico de nacionalización y luego pretenden hacer pasar su fracaso de pagar daños multimillonarios por falsa victoria, olvidando intencionalmente que quien paga es el empobrecido pueblo boliviano con sus tributos”.
Así, evidenciado el daño ilegítimo causado con la falsa nacionalización, es obvio que el Estado boliviano (Procuraduría General del Estado y bufetes satélites) jamás ganará ninguno de los procesos/arbitrajes/conciliaciones emergentes de la confiscación; simplemente, concurrirá a cuantificar objetivamente el daño generado para repararlo con dinero público. No obstante, confesando cínicamente su daño económico al Estado, el régimen masista explicará que pagó cantidades menores que las pretensiones de los damnificados insinuando una falsa “victoria”.
“Desenmascarando al régimen, nuestra fiscalización prueba que la Procuraduría General indicó que la nacionalización realizada por Evo Morales y el MAS-IPSP, hasta ahora y sin contar pagos anteriores a la creación de la Procuraduría, causó daño económico al Estado por más de 1.000 millones de dólares”, concluyó.
El pasado viernes, el procurador general del Estado, César Siles, informó que, producto de un laudo arbitral en la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, se determinó que el Estado boliviano debe cancelar la suma de 253 millones de dólares a la empresa multinacional Glencore, por la nacionalización de complejos mineros realizados durante el gobierno de Evo Morales.
El monto otorgado a Glencore es de $us 253.591.796 por cuatro conceptos: la mina de Colquiri, fundición de estaño, fundición de antimonio y reserva de estaño, precisó Siles.
