En derecho, se menciona que el momento en que una persona comete un delito se inicia una acción procesal para que sea sancionada conforme a las normas positivas; sin embargo, en algunas sociedades lo ilegal se puede convertir en legal si las autoridades del Estado lo permiten. Esto ocurre con el contrabando.
La Cámara Nacional de Industrias (CNI) informó hace poco que el contrabando en 2022 movió $us 3.331 millones, lo cual afecta a 39.000 industrias y pone en riesgo 600.000 empleos formales que pueden representar a igual número de familias a nivel nacional. Hasta el momento no se procesó ni se sancionó a ningún «pez gordo» o responsable de la internación ilegal de la mercadería de contrabando al país.
Estas cifras demuestran que el contrabando en 2022 representó el 7,5% del Producto Interno Bruto (PIB) que alcanzó los $us 44.315 millones, es decir, que el contrabando de productos fue el doble del crecimiento del país que se registró el año anterior, lo cual alcanzó el 3,4%. Además, entre el 2012 y el 2022, el contrabando alcanzó la suma de $us 27.764 millones.
¿Quiénes son los que se benefician con el contrabando? ¿El contrabando a quiénes usa como escudo para protegerse? ¿La lucha contra el contrabando será una forma de justificar un salario o realmente es una verdadera lucha? ¿Cuál es el sustento del contrabando en la economía?
Por las cifras señaladas se demuestra que la lucha contra el contrabando con la participación de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas de poco o nada sirvió en los últimos 10 años porque el comercio ilícito se expande como un cáncer y llegó hasta la acera del Palacio de gobierno, lo cual causó el cierre de miles de unidades productivas y familias que se quedaron en las calles. No debe causar extrañeza ver algún producto de contrabando en la mesa de algún político gobernante porque no existen políticas estructurales para acabar con este mal, pues los «peces gordos» caminan, pasan preste o bailan morenada sin ningún problema en el país.
No es raro encontrar, paltas, papayas, calzados y atún peruano en los mercados, así como ropa, bebidas alcohólicas y línea blanca en oferta en las calles sin ningún problema. Lo más grave, es observar que al frente de Palacio de gobierno el contrabando no tiene ningún problema porque la mayoría de las golosinas o la leche procesada para los chantillines que se ofrece provienen del «contrabando».
Entonces, es menester mencionar que los responsables del contrabando se esconden detrás del rostro de un gremialista que busca ganar en las calles unos centavos o unos bolivianos por la venta de esos productos ilegales, quienes le doblaron el brazo al gobierno del expresidente Evo Morales, con el objetivo de modificar la normativa tributaria para que se considere contrabando si el tributo omitido es superior a 200 mil UFV (Unidades de Fomento de Vivienda).
Entre los factores que sustentan y dan vida al contrabando está la poca capacidad productiva del país, pues el producto nacional no es competitivo en precio y calidad ante el del contrabando, por lo que empresas cierran sus operaciones y los trabajadores que son despedidos se dedican a la venta de estos bienes ilegales en las calles. Entonces, es una relación de causa y efecto que debe ser enfrentado con una política que comprenda el desarrollo de las industrias con tecnología de última generación, así como se requiere un trabajo serio en la lucha contra este mal.
El contrabando no sólo significa una fuga de capitales expresado en dólares estadounidenses, sino que equivale a la destrucción del poco aparato productivo que posee el país, la pérdida del mercado interno, el sostenimiento del desempleo junto a una economía informal que asciende al 85%, menos tributos para el fisco, menos un pan para las familias de los bolivianos y al cambio de los valores sociales consistente en que el contrabandista es el humilde o pobre que debe seguir con el hecho ilegal o que es la víctima del «sistema capitalista».
¿Qué hacer?
En economía, así como en muchas ciencias siempre existen soluciones que dependen de la voluntad de las autoridades que tienen la facultad de emitir determinadas políticas que permitan facilitar una solución a los problemas, lo cual debe estar al margen de los colores políticos o partidarios, pero debe estar vinculado junto a la ciencia y la tecnología de punta.
Primero. Se debe modificar los parágrafos I, III y IV de la Ley 2492 del Código Tributario para que la mercadería internada de forma ilegal por un valor igual o mayor a 40.000 UFV sea considerada contrabando porque en la actualidad es de 200.000 UFV. La privación de libertad para los responsables del hecho ilícito debe subir a 25 años, según la gravedad del caso.
Segundo. La conformación de un Consejo Nacional de Lucha Contra el Contrabando con la participación del sector público y privado. Esta instancia debe tomar decisiones para que la lucha sea efectiva y coordinada.
Tercero. El incremento del control e interdicción del contrabando en la zona primaria o el mercado interno para la identificación de los depósitos de mercadería ilegal y la aplicación de una multa pecuniaria al propietario del inmueble de 5.000 UFV.
Cuarto. Un acuerdo público y privado para la reactivación del sector productivo con tecnología para generar empleo seguro con salarios dignos en los distintos campos de la economía. El objetivo debe ser generar incentivos como al sector del turismo y agropecuario.
Quinto. Elevación de aranceles para la importación de productos sensibles para el aparato productivo y la reducción a cero para algunos bienes (por ejemplo, bienes de capital o insumos) para incentivar la producción nacional. La acción debe tomar en cuenta los acuerdos o tratados internacionales.
Sexto. Incremento de las sanciones para los servidores públicos (Fuerzas Armadas, Policía y Aduana Nacional) vinculados con el contrabando.
El autor es periodista.