Un reciente informe de la Fundación Milenio revela que Bolivia de exportador neto de hidrocarburos pasó a ser un importador. En 2013 las exportaciones de gas superaban los 6.000 millones de dólares y las importaciones estaban por encima de los 1.000 millones, generando un saldo positivo de 5.000 millones. En 2022 el saldo es negativo en 1.000 millones; y se estima que para 2025 el déficit será de 2.000 millones de dólares.
Adicionalmente, está el subsidio al combustible, que anualmente es unos 1.700 millones de dólares, situación que, según el informe, pone a Bolivia en riesgo de enfrentar escasez de combustibles y una eventual falta de gas natural.
La soberanía energética ha pasado a ser dependencia y lo preocupante es que no se vislumbran posibilidades realistas de reversión a corto ni mediano plazo.
La necesidad de importar combustibles y los altos costos de transporte provocaron que la Cancillería proponga a su similar de Chile usar el oleoducto de Sica Sica-Arica, ya no para la exportación, sino para la importación de gasolina y diésel.
Nuevamente las autoridades diplomáticas bolivianas ignoran la historia bilateral y buscan obtener un permiso, sin caer en cuenta que un Convenio suscrito en 1992, ya prevé que Bolivia puede utilizar el ducto para la exportación o importación.
El triste papel que proyectan, no sólo deviene del desprecio que se tiene a los diplomáticos de carrera, sino también por la escasa formación que se pide a quienes hoy nos representan y actúan en las negociaciones diplomáticas. Intentando justificar dicen que: “la meritocracia genera exclusión”, que como dice el tango es sinónimo de: “todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor”.
Es evidente que la ausencia de conocimiento no es pecado, pero sí lo es, el ejercer altas funciones sin nutrirse de conocimiento; o ser cabeza de un equipo negociador, sin información.
En cualquier caso, como abaratar el costo del transporte de combustible es de interés de todos, recordemos un poco la historia diplomática entre Bolivia y Chile.
En 1957 fue suscrito el Acuerdo sobre el Oleoducto Sica Sica y Arica que determina detalles relativos a la construcción, mantenimiento y operación del mismo en territorio chileno. En lo específico, Chile concesionó a Bolivia dos terrenos en Arica, uno de 13 hectáreas y otro de 3,5 hectáreas, para la operación y transferencia de hidrocarburos y una franja de terreno para la cañería desde Arica a la frontera de 10 metros de ancho y más de 150 kilómetros de largo, con una superficie que supera las 150 hectáreas. Infraestructura que puede ser utilizada para la exportación o importación.
Ante las constantes quejas bolivianas sobre las restricciones de salida hacia el Pacífico, Chile se ha empeñado, falsamente, en demostrar que Bolivia goza del más amplio y libre tránsito. Así existen múltiples declaraciones, comunicados oficiales y hasta trípticos, que en el tema que nos ocupa, refieren que Bolivia puede utilizar de manera amplia e irrestricta el ducto.
La prueba inequívoca, más reciente, está en la contra memoria presentada por Chile ante la Corte Internacional de Justicia, como respuesta a la demanda boliviana (obligación de negociar) que en el párrafo 3.34 (pág. 51) textualmente refiere que en 1992 se acordó: “a solicitud de Bolivia, el uso del oleoducto en ambas direcciones, permitiendo así a Bolivia utilizarlo tanto para importaciones como para exportaciones”.
Más claro agua. Bajo el principio jurídico: “a confesión de parte relevo de prueba”, la autorización que pretende la Cancillería boliviana ya fue concedida y es ahora un derecho para Bolivia porque, como reiteradamente lo recuerda Chile, ¡los tratados deben ser cumplidos!
El Presidente, en la última conferencia de prensa, dijo que es académico y que el modelo económico se gestó en la cabeza de profesionales bolivianos. Corresponde actuar en consecuencia y también poner en manos de profesionales la solución de los problemas de relaciones internacionales, porqué hasta sus partidarios reprueban el desempeño de Cancillería.
Windsor Hernani Limarino es especialista en Relaciones Internacionales y docente universitario.