Al recordar que el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las elecciones generales anuladas en 2019 advirtió sobre una manipulación dolosa y graves irregularidades en el proceso electoral, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), José Manuel Ormachea, rechazó los procesos anunciados contra el ingeniero Edgar Villegas, por ser extemporáneas y por cuestionar el criterio de organismos internacionales que constataron el fraude.
En conferencia de prensa, Ormachea destacó la valentía demostrada por ciudadanos como Villegas, que denunciaron las irregularidades en los comicios de 2019, motivo por el que esta semana ha sido objeto de anuncios sobre procesos en su contra, por el supuesto del delito de instigación pública a delinquir.
“Al igual que muchos ciudadanos bolivianos, ha presentado en físico y presencialmente a la propia OEA, las pruebas encontradas, analizadas y documentadas sobre el fraude. Este es un derecho que tienen todos los ciudadanos”, apuntó el legislador paceño.
Asimismo, rechazó que la denuncia haga referencia a un hecho comprobado por organismos internacionales y que fue objeto de determinaciones políticas desde la Asamblea Legislativa, el Órgano Electoral y el propio Gobierno para viabilizar las elecciones del año 2020.
“Es absolutamente extemporánea la denuncia que se hace (…), si se quiere denunciar por evidencia el fraude, se lo va tener que hacer no solo con Villegas, sino con miles de bolivianos que han hecho exactamente lo mismo”, dijo.
El lunes, el diputado oficialista Renán Cabezas, anunció haber presentado una denuncia penal contra Villegas, quien en 2019 reveló irregularidades en el cómputo de votación que llevaron a sospechar de un fraude electoral.
“El señor no ha sido investigado. Él ha sido el fósforo del incendio, él ha sido el que ha utilizado los datos de forma errónea, ha sido el motivo la justificación de un grupo delincuencial que ha salido a las calles a maltratar nuestra democracia”, sostuvo Cabezas.
En criterio del legislador perteneciente al ala “evista” en el MAS, los datos presentados por el profesional informático fueron erróneos y derivaron en una crisis social con movilizaciones en las que se desconoció la ley, se vulneraron derechos fundamentales y se provocó un daño económico al país.