Miguel Ángel Pablo Hidalgo Chávez
La Ley 260 de Seguridad Ciudadana, tiene entre sus fines prevenir la inseguridad ciudadana, en áreas urbanas y, sobre todo, en zonas fronterizas, que se convierten en pasos de migrantes que, en muchos casos, están dedicados a actividades ilegales, como tráfico de personas, narcotráfico y forman parte de organizaciones criminales.
En estos lugares fronterizos se requiere la instalación de fibra óptica, guía de onda que permitirá transmitir información a grandes distancias. A esta instalación tecnológica se suma la colocación de cámaras de vigilancia e incluso el uso de drones, los que podrán enviar imágenes congeladas o en movimiento, en tiempo real, hacia las Estaciones Policiales Integrales o a la propia Policía Rural Fronteriza, donde los municipios debieran instalar salas de monitoreo.
Como establece la mencionada norma, con las cámaras de vigilancia incluso habrá transparencia en el ejercicio de la función pública de las y los servidores públicos, que deberán actuar con honestidad y ética en la gestión de seguridad ciudadana en estos sitios fronterizos. El monitoreo de estas cámaras de vigilancia estará a disposición de la población, sobre todo para controlar la salida de menores de edad, en los casos de personas desaparecidas.
Las cámaras de vigilancia también serán útiles para la reconstrucción de delitos de orden público que sean cometidos en pasos fronterizos y en carreteras internacionales, como accidentes de tránsito, transporte de sustancias controladas, trata y tráfico de personas o salida ilegal de productos nacionales y hasta de combustible, casos que tienen atención preferencial, para beneficio de la población boliviana.
En pasados meses, en diferentes regiones del país, sobre todo en ciudades intermedias próximas a fronteras con países vecinos, hubo denuncias sobre la presencia de personas que habrían generado un aumento inusual de robos agravados, en contra de surtidores de combustible, casas de cambio, joyerías, tiendas de venta de electrodomésticos, como se conoció mediante medios de comunicación.
Por ello, comunidades y propietarios de diferentes entidades económicas pidieron la instalación de cámaras de vigilancia, sobre todo en estos pasos fronterizos, medida que debiera ser parte de las políticas de Seguridad Ciudadana, aplicadas por los municipios. La finalidad es mejorar el resguardo de las fronteras e identificar a personas que ingresan con malas intenciones y huyen del territorio nacional luego de haber cometido ilícitos.
Las cámaras de vigilancia en zonas fronterizas, incluso permiten recabar información exacta para datos estadísticos, los cuales aportarán al Sistema Nacional de Registro de Información de los antecedentes penales, policiales, judiciales y migratorios de personas, según la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana “Para una Vida Segura”, en coordinación con la Policía Boliviana, el Ministerio Público y el Órgano Judicial. Es importante contar con una base de datos actualizada permanentemente, para responder a las políticas de Seguridad Ciudadana, como establece la normativa vigente.