La crisis del sector hidrocarburos en Bolivia es el resultado de las malas decisiones adoptadas durante los últimos 20 años, las que han estado marcadas por el control gubernamental del sector y por el rentismo, alentados tanto por actores políticos como sociales. Entre ellas anular la distorsión del precio del barril de petróleo en el mercado nacional, dar más competencias a las regiones en materia de exploración y áreas de exploración, entre otras, de acuerdo a un nuevo informe de la Fundación Jubileo.
Hace dos décadas confluyeron condiciones que no se repetirán a corto plazo: Bolivia tenía reservas de gas, nuevos contratos de exportación con Brasil y Argentina (vigentes por 20 años), ductos, inversiones en exploración (1996-2002) y una tendencia de precios internacionales en alza.
Para que el país reciba los ingresos extraordinarios entre los años 2004 y 2014, las condiciones se fueron gestando desde la década de los ´70.
La inestabilidad social y política de inicios del siglo 21, que decantó en el Referéndum por el Gas del año 2004, delineó la política hidrocarburífera nacional que luego sería plasmada en una nueva Ley de Hidrocarburos el 2005, la política de “nacionalización” el 2006 y, finalmente, sellada con la Constitución Política del Estado el 2009, todas orientadas a una mayor presencia estatal en la actividad hidrocarburífera y la captura de renta a favor del Estado.
Transcurridos 20 años, la actividad exploratoria ha ido en declive por falta de inversión. La producción de gas natural cayó en -40% respecto a 2015, año de mayor producción, lo que ha obligado a renegociar los contratos de exportación por menores volúmenes llevando al país a perder el mercado argentino, lo que se concretará a partir de mediados de 2024, además de disminuir significativamente su participación en las ventas al mercado de gas brasilero.
En el caso de la producción de hidrocarburos líquidos, la caída es de -50% con relación a 2014 que fue el año de mayor producción; sin embargo, la mayor parte corresponde a condensado (líquido asociado al gas natural) ya que debido a la política de subvención a los combustibles vigente en Bolivia desde 2004, la exploración de campos petrolíferos ha sido mínima.
La caída en la producción de hidrocarburos líquidos es particularmente complicada para el país debido a que obliga a YPFB a importar cada vez más gasolina y diésel para satisfacer la demanda interna de un parque automotor creciente, atomizado y mal acostumbrado a la política de subvención.
La caída en la producción de hidrocarburos, la pérdida de mercados de exportación para el gas natural y el incremento del presupuesto para la subvención a los hidrocarburos tuvo un impacto negativo en el flujo neto de divisas para el país.
PROPUESTAS
Ante ese panorama adverso del sector de hidrocarburos, y tomando en cuenta que los resultados son de largo plazo, Jubileo señala que un cambio podrá ser factible a través de una nueva política hidrocarburífera plasmada en una nueva ley que se desprenda de una nueva política energética nacional que, además, responda a los desafíos climáticos globales, regionales y nacionales.
Como primera sugerencia plantea que se debe generar un entorno de negocio para atraer y viabilizar la inversión, tanto internacional como nacional, lo que implica disminuir el riesgo país para la inversión, equilibrar los principales indicadores macroeconómicos, restablecer la suficiencia de divisas y garantizar la seguridad jurídica.
En segundo lugar, se sugiere asentar la institucionalidad en el sector público, siendo particularmente evidente en el caso del sector hidrocarburos, tras los sucesivos escándalos en la empresa YPFB y en una permanente injerencia política en sugestión y dimensión empresarial.
Asimismo, en tercer lugar, sostiene que se debe establecer una política de transparencia y acceso a información aplicable al sector hidrocarburos, definiendo la información que debe ser publicada, los medios, plazos y sanciones frente a incumplimientos.
También plantea que se debe disponer condiciones previas sobre el respeto al ordenamiento territorial en coordinación entre los niveles central y departamental, para la declaratoria de áreas de reserva hidrocarburífera, así como el cumplimiento de la consulta previa y la definición de criterios de selección de las empresas, entre otros aspectos.
Jubileo asegura, como quinta sugerencia, que se debe determinar características para los contratos de exploración y explotación, siendo prioritaria la obligación de la reposición de reservas hidrocarburíferas.
La sexta propuesta apunta a ajustar condiciones en el mercado. Por una parte, se debe eliminar la distorsión de precios en el mercado interno, vigente desde hace dos décadas, lo que supone refocalizar la subvención, estableciendo bandas de precios, manteniendo precios bajos para la población más vulnerable.
En la séptima propuesta pide ajustar el régimen fiscal. La nueva Ley de Hidrocarburos debe establecer que el precio de comercialización del gas natural para proyectos de industrialización será regulado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) con base en los precios vigentes en el mercado.
Y, finalmente, la octava sugerencia sostiene que se deber establecer lineamientos básicos sobre el uso de la renta hidrocarburífera en el marco del régimen autonómico vigente, promoviendo fondos de desarrollo productivo y fondos de ahorro y estabilización en el ámbito subnacional, con el objetivo de disminuir la dependencia fiscal y económica de la explotación de hidrocarburos.