Mediante campañas de prevención con diferentes sectores de la sociedad, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (Gamlp), apunta a reducir los casos de delitos inmersos en la Ley 348, Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, informó a EL DIARIO el secretario de Educación y Desarrollo Social, Jaques Alcoba, a tiempo de aclarar que en 2022 cerraron con 3.210 casos; 3.999 en 2021 y a la fecha registran 2.139. No obstante, víctimas de violencia denunciaron malos tratos de funcionarios.
Alcoba precisó que si bien las denuncias redujeron, no es suficiente y se debe trabajar aún en la prevención, principalmente en el Macro Distrito Max Paredes, donde aún se registran cifras alarmantes.
El funcionario explicó que en el municipio de La Paz existen seis espacios habilitados, cada uno destinado a prestar un servicio de protección contra toda forma de violencia.
En ese marco, aclaró que los Macro Distritos Cotahuma, Max Paredes, Zongo y Hampaturi, Periférica, San Antonio, Sur y Mallasa, además del Centro, cuentan con una Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) y un Servicio Legal Integral Municipal (Slim), y también se tiene la Línea 156, una plataforma de atención integral que funciona las 24 horas.
Precisó que cada una de las plataformas cuenta con un abogado, trabajadora social, un psicólogo y un coordinador, entre otros. Asimismo, tienen la disposición de un vehículo y conductor para la atención de casos de violencia en el marco de la Ley 548 (Código Niña, Niño y Adolescente) y 348.
MALOS TRATOS
A pesar de contar con equipos de “profesionales”, las denuncias de malos tratos de las funcionarias y funcionarios de los Slim, y por ello la falta de justicia por parte de la Fiscalía, es un reclamo constante.
En julio pasado, una joven de 19 años, del Macro Distrito Periférica, denunció que fue violada y estaba embarazada producto de ese flagelo, el agresor la golpeaba y amenazaba buscando que aborte, empero lamentablemente cuando acudió a la oficina municipal, la trabajadora social le dijo que debería “conciliar”.
“Primero hice la denuncia al abogado y él me dijo que vaya a la Fiscalía a denunciar. Fui a la Fiscalía y me derivaron al Slim para que me hagan la valoración psicológica. En el Slim me trataron mal con palabras vulgares, me jalonearon, incluso me dijeron que concilie con el violador, ‘¿por qué le estás denunciando si es el papá de tu hijo?’, me dijeron”, recordó.
El abogado de la joven, indicó que los funcionarios la revictimizaron y el caso estaba en riesgo de ser rechazado por la Fiscalía, como sucede en la mayoría de los casos.
Otra víctima denunció que tuvo que acudir al Slim para hacer los trámites, para que su expareja pase una asistencia familiar a sus hijos -lo hicieron-, pero no le explicaron a la señora que ese documento debería ser homologado.
“Lamentablemente estos funcionarios, que son los mismos que ya están hace años, no atienden bien, prefieren tomarse su tiempo para desayunar, comer algo en media mañana y estar viendo sus celulares. A mí no me dijeron que debería homologar el documento. A las mujeres nos hacen ver como villanas, por ejemplo, yo pedí un monto y mi expareja dijo que no, argumentó con falsedades y me bajaron las mensualidades, encima le dijeron que lo que habíamos ahorrado pase como parte de las mensualidades, es un horror, en el Slim no defienden a la mujer sino todo lo contrario”, lamentó una madre de familia que pidió reserva.
Al respecto, Alcoba dijo que es importante que la ciudadanía denuncie los malos tratos de los funcionarios para que tomen acciones inmediatas, extremo que considera que ayudará a mejorar el servicio.
Asimismo, Alcoba informó que una de las problemáticas de las defensorías es la retardación de atención de casos debido a la carga procesal que se maneja, por lo que considera que lo ideal sería analizar la forma de institucionalizar progresivamente los cargos así como una independencia organizacional a nivel de su propia estructura.
“Es una problemática que la vivimos todos los municipios porque las defensorías no tienen una autonomía suficiente como las que deberían tener, hay mucha rotación de personal, cambios en las plataformas. El personal que atiende en las plataformas 24 horas está recibiendo denuncias de casos de violencia y ahí nosotros pondremos atención para capacitar y mejorar nuestro capital humano”, dijo.
No obstante, apuntó que gracias a la cooperación internacional y las alianzas interinstitucionales que realiza el gobierno municipal, los funcionarios reciben constantes capacitaciones a través de talleres o diplomados, empero las cosas no cambian mucho.
En criterio de Alcoba, uno de los problemas identificados es que el personal de las defensorías está expuesto y desarrollar el síndrome de burnout (también llamado síndrome de desgaste profesional o síndrome de estar quemado, es la respuesta que da un trabajador cuando percibe la diferencia existente entre sus propios ideales y la realidad de su vida laboral. Se desarrolla, generalmente, en las profesiones de ayuda y de interrelación social frecuente).
“Nos olvidamos que el personal está viviendo y absorbiendo todos los días los casos de las degradaciones más terribles y perversas que puede tener el ser humano, considero que deberíamos cuidar y trabajar en programas de terapias con nuestros propios equipos, eso tendrá un efecto positivo y ayudaría mucho en la atención al usuario”, dijo el Secretario Municipal de Educación y Desarrollo Social.
CAMPAÑAS
Por otro lado, en mayo pasado, el Gamlp, con el apoyo de otras instituciones presentaron la campaña denominada “No estás sola” para contribuir a la prevención de la violencia en razón de género en el municipio.
En la oportunidad, el alcalde Iván Arias dijo que la comuna paceña es aliada de toda iniciativa que promueva la lucha contra la violencia hacia las mujeres y que las acciones conjuntas y coordinadas entre las instituciones brindarán oportunidades de solución.
DATOS
El Ministerio Público informó que, del 1 de enero al 9 de octubre de 2023, Bolivia registró 39.035 casos de delitos inmersos en la Ley N° 348, de los cuales se tiene como resultado que 36.422 mujeres son víctimas de violencia a nivel nacional. Los departamentos con mayor incidencia son Santa Cruz, seguido de La Paz y Cochabamba.
Del total de casos registrados en lo que va de 2023, haciendo una comparativa con el año 2022, durante el mismo período se registraron 39.693 hechos de violencia, mostrando una reducción de 658 casos.
De acuerdo a los datos, de los 39.035 casos, 13.535 corresponden al departamento de Santa Cruz, 9.418 a La Paz, 6.198 a Cochabamba, 2.841 a Tarija, 2.333 a Potosí, 1.915 Chuquisaca, 1.295 a Beni, 1.096 a Oruro y 404 a Pando.
El delito con mayores víctimas entre mujeres, adolescente y niñas, continúa siendo el de violencia familiar o doméstica con 27.130 casos ingresados, seguido de abuso sexual con 2.954, violación con 2.140, violación de infante, niña, niño o adolescente con 2.105 casos y 2.093 otros delitos.
