En agosto de 2007, el Gobierno promulgó la Ley Nº 3740 de Desarrollo Sostenible del sector Hidrocarburos, la cual en su artículo 7 establece que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), mediante licitación internacional, deberá contratar empresas especializadas en la certificación de reservas de hidrocarburos, para certificar el nivel efectivo que hay en el en el país, lo que deberá ser publicado hasta el 31 de marzo de cada año. Pero ya van varios años sin el dato, por lo que la petrolera estatal incumple la normativa.
“YPFB, hasta el 31 de marzo de cada año, deberá publicar el nivel de reservas certificadas existentes en el país al primero de enero de dicho año, exceptuando la gestión 2008 cuando las reservas serán publicadas al 30 de junio”, señala parte del artículo.
De acuerdo con las certificaciones de reservas de hidrocarburos publicadas por YPFB, a inicios del siglo XXI, las reservas probadas de gas natural bordeaban los 30 Trillones de Pies Cúbicos (TCF), en tanto que las de hidrocarburos líquidos superaban los 450 millones de barriles.
La última certificación dio resultado 9 TCF de gas probados y en una Rendición de Cuentas del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, ya se estableció que la cifra cayó a menos de 7TCF y que posiblemente sea más baja.
Si bien era previsible que a raíz de la mayor actividad exploratoria durante los años 1996–2001 existiera un incremento en las reservas hidrocarburíferas certificadas en el país, lo cierto es que entre los años 2000 a 2005 se registró un aumento significativo que sirvió de base para que a inicios de siglo los diferentes actores políticos y sociales especularan diversas ideas sobre cómo, quién y hacia dónde debía desarrollarse el potencial, sostiene parte del análisis de la Fundación Jubileo.
Entre los años 2005 y 2009 el país no contó con una certificación de reservas hidrocarburíferas. La Ley Nº 3740 ha sido incumplida sistemáticamente por las diferentes máximas autoridades ejecutivas de YPFB, así como del Ministerio de Energía e Hidrocarburos sin una aparente consecuencia.
Desde el año 2009 se observó una significativa reducción en los tres tipos de reservas (probadas, probables y posibles), ello debido a un cambio en el ámbito internacional en la metodología de cuantificación de reservas.
Desde la vigencia de la Ley de Hidrocarburos Nº 3058 han existido tres certificaciones de reservas que se realizaron los años 2009, 2013 y 2017, en las cuales se aprecia una clara disminución año tras año.
A partir de los indicadores de las últimas tres certificaciones de reservas hidrocarburíferas, resulta evidente que la política hidrocarburífera implementada desde la Ley Nº 3058 del año 2005, el D. S. 28701 de 2006 y la propia Constitución Política del Estado de 2009 no ha servido para promover la actividad exploratoria en el país; por el contrario, las empresas petroleras que operaban en Bolivia orientaron la inversión al desarrollo de los campos existentes, y la empresa petrolera nacional YPFB no logró asumir con mayor dinamismo la actividad exploratoria, sostiene.
Incluso desde el año 2007 y hasta el 2022 el Poder Ejecutivo reservó, mediante nueve decretos supremos, un total de 104 áreas a favor de la empresa petrolera estatal para que realice actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, siendo que a la fecha ninguna de ellas ha dado un resultado positivo, asegura.
“Es importante mencionar que de las 104 áreas reservadas a favor de YPFB para exploración y explotación de hidrocarburos, aproximadamente 18 están sobrepuestas a parques naturales que debieran estar bajo protección nacional; siendo además que en mayo de 2015 el Gobierno nacional emitió el Decreto Supremo Nº 2366 autorizando dicha actividad exploratoria, lo que representa sacrificar el patrimonio ecológico y la biodiversidad del país en aras de encontrar nuevas reservas hidrocarburíferas que permitan seguir sosteniendo el modelo de desarrollo nacional, basado en el rentismo y extractivismo”, sostiene Jubileo.