De acuerdo con el Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2023, se adiciona un presupuesto consolidado por 5.421 millones de bolivianos, de ese monto, se destinará 868 millones a los gobiernos municipales, 353 millones a las universidades públicas y 39 millones a las gobernaciones, mientras el Gobierno se queda con más de 4.100 millones, es decir reparte 23% y el 77% se lo queda, de acuerdo a datos oficiales.
Cuando le preguntaron al ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, si es verdad la observación que hicieron los legisladores de que el Gobierno se quedará con la mayor parte de los recursos del presupuesto reformulado, dijo que esas cantidades son las que solicitaron las gobernaciones, universidades y municipios.
Es importante señalar que en el presupuesto reformulado se inscribe las solicitudes que hacen las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs), gobiernos subnacionales y universidades, recursos adicionales de posible utilización.
“No es que el Gobierno central ha repartido estos recursos, es resultado de la solicitud de cada municipio, de cada universidad y de cada gobierno autónomo”, sostuvo.
Pacto fiscal
Mientras tanto, el diputado de Creemos, Walthy Egüez Paz, dijo que no es posible que el Gobierno se lleve aproximadamente el 77% del presupuesto reformulado y sólo los 347 municipios, las 11 universidades y las 9 gobernaciones sólo reciban un casi 23%.
Por eso, plantea que es urgente tratar un Pacto Fiscal para mejorar la distribución del presupuesto de gobernaciones, municipios y universidades, y puedan manejar recursos para ejecutar sus programas y políticas regionales, por ejemplo, la crisis del agua, que actualmente afecta a varias regiones y no pueden disponer por la burocracia del centralismo.
“Se tiene que hablar de un Pacto Fiscal que permita dar recursos y competencia a distintos niveles del Estado para un manejo eficiente y solucionar problemas de las regiones en los tiempos debidos”, planteó.
“Los municipios claman ayuda y recursos económicos por el problema de la sequía”, apuntó a tiempo de indicar que el Gobierno rehúye hablar del tema, pues teme perder el control de la mayor cantidad de recursos.
Dinamiza
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, alertó que la demora en la aprobación del Proyecto de Ley del Presupuesto General (PGE) Reformulado 2023, por las modificaciones realizadas en el Senado, perjudica la dinamización económica porque muchos gobiernos locales no podrán disponer de recursos económicos adicionales para ejecutar los proyectos de inversión.
“La dinamización que implica que haya carpinteros, que haya albañiles, pintores, gente que repare, solamente les doy el ejemplo de una actividad rutinaria que hacen las alcaldías de reparar la infraestructura de educación (…) hay un grave perjuicio a la economía y es responsabilidad de quienes aprobaron este presupuesto con modificaciones”, lamentó Montenegro en conferencia de prensa.
El miércoles 25 de octubre de 2023, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó con ajustes el Proyecto de Ley 464/22-23, de Modificaciones al PGE–gestión 2023, por lo cual retornó a la Cámara de Diputados, medida que retrasa la vigencia de la norma que adiciona recursos en beneficio de los gobiernos locales.