Cuatro funcionarios de la Aduana Nacional y un oficial del Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEO) fueron retenidos por los comunarios de Padcoyo, del departamento de Chuquisaca, además los presionaron a firmar un acta donde se comprometen a devolver dos autos chutos.
“Se ha logrado sostener una reunión con los dirigentes de los comunarios, que inicialmente mostraban una actitud agresiva y luego han ido reflexionando. Más o menos a las 4:00 de la madrugada de ayer (sábado), los comunarios han firmado un acta con los funcionarios de la Aduana y donde se han comprometido a devolver dos vehículos”, informó el comandante departamental de Policía de Tarija, José Illanes.
El hecho se registró el viernes por la tarde en la carretera Camargo–Potosí durante un operativo, en el que se logró confiscar cuatro vehículos indocumentados, dos de ellos fueron trasladados hasta Potosí. El hecho generó molestia en los pobladores y persiguieron a los funcionarios, quienes buscaron refugio en el Comando Provincial de la Policía en Camargo.
Según la versión de los comunarios, reaccionaron de esa forma porque fueron maltratados y encañonados por los efectivos del CEO. Desmantelaron y rompieron los vidrios del vehículo de la Aduana en el que se trasladaban los funcionarios.
Hasta el lugar llegó un contingente con 18 policías con el fin de evitar posibles enfrentamientos, ya que la cantidad de personas se incrementó porque llegaron pobladores de otras comunidades. Luego de varias horas de negociación entre los uniformados y los dirigentes, a las 4:00, aproximadamente de ayer se logró llegar a un acuerdo.
CUATRO PUNTOS
Según la autoridad policial, el acuerdo tenía cuatro puntos: primero, la Aduana se compromete a devolver los dos autos confiscados, no realizarán operativos en la región de los Cintis y brindarán un mejor trato respetando los derechos humanos.
“Se ha logrado firmar un acuerdo entre la aduana y los comunarios donde han establecido cuatro puntos, ellos reclaman la prepotencia y abuso de estos funcionarios, que no realizan operativos en ese sector y otros puntos más”, afirmó Illanes.
Tras el acuerdo, los servidores salieron del comando provincial y fueron trasladados hasta la ciudad de Tarija. Dijo que no presentaban heridas ni rastros de golpes, destacó la intervención policial oportuna para evitar que sean agredidos por los pobladores.
AUTOS CHUTOS
En la frontera chilena-boliviana un negocio que involucra a grupos de crimen organizado de ambos países se ha consolidado en la última década: “el intercambio de vehículos robados por droga”, según un reportaje publicado por Connectas.
El modo de operar implica que una mafia chilena roba un vehículo, generalmente una camioneta todoterreno, lo cruza ese mismo día hasta territorio boliviano por alguno de los más de 100 pasos clandestinos fronterizos y, allá, se reúne con algún grupo boliviano con el que intercambia la camioneta por algunos kilos de droga.
Una Toyota Hilux del año cuesta unos dos kilos de cocaína, según información vertida por los mismos condenados en sus declaraciones judiciales.
El negocio es tan lucrativo que, en el caso chileno, se han descubierto bandas integradas por más de veinte personas, con alto nivel de organización en la obtención, traslado y venta de vehículos; así como con ganancias millonarias, de acuerdo a los datos de varios expedientes judiciales. Cada kilo de cocaína se puede vender en las grandes ciudades de Chile, como Antofagasta y Santiago, en 15 mil dólares.
Un ejemplo de ello es, el de Sebastián “Cangri” Leiva, un conocido cantante chileno de reguetón, que el 20 de febrero de 2019, cruzó la frontera hacia Bolivia por el turístico poblado de San Pedro de Atacama, junto a otras cuatro personas –dos chilenos y dos bolivianos–, en una camioneta Toyota 4 Runner roja.
La camioneta había sido comprada con un documento bancario falso un par de días antes. Una técnica que uno de los acompañantes de Cangri, Germán Gundián, había utilizado anteriormente.
Gundián, un empresario del rubro automotriz con líos con la justicia por estafas, era el nexo principal con los bolivianos con los que se haría el negocio de la compra-venta del vehículo robado en Chile y que, según dos testimonios de involucrados, eran policías.
Pero el viaje no terminó como Gundián esperaba. En pleno altiplano, a más de 3.500 metros de altura, Gundián, Cangri y otro chileno -Sebastián Cornejo- fueron abandonados por sus socios bolivianos, en un incidente que aún no está claro por qué ocurrió.
En el país, las bandas no tienen muchas dificultades para deshacerse de un vehículo ilegal y venderlo en el mercado negro, según lo demuestran las investigaciones de las autoridades de ambos países y el reporte efectuado para esta investigación transnacional en que participaron tres medios, Página Siete de Bolivia, El Mercurio de Antofagasta (Chile) y La Estrella de Iquique (Chile), en alianza con la Plataforma Connectas.
Luego de que el vehículo es trasladado por rutas clandestinas al interior de Bolivia hasta alguna de las ferias donde será comercializado, como la de Challapata o la de Puente Vela en La Paz, es vendido a la mitad de su precio real. Con documentación falsificada para poder circular, el precio sube un poco. Si en el camino es interceptado por agentes oficiales, no pasa nada. El pago de una coima al policía debería es suficiente para continuar la marcha.
“Los policías nos piden 150 bolivianos y nos dejan seguir”, dice uno de los comerciantes de chutos que dio su testimonio en este reportaje.
En Bolivia, por el impacto social del fenómeno, acabar con el problema es un terreno de arenas movedizas para los políticos.
En 2011, el gobierno del expresidente Evo Morales realizó un “perdonazo” que permitió que más de 100 mil de estos automóviles fueran regularizados, a pesar de las protestas de países vecinos, desde donde muchos vehículos habían sido robados, como Chile. (EL DIARIO y ANF)