No son pocas las veces que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo que su país es el más tranquilo del continente. La última vez que lo hizo fue el 29 de septiembre en su cuenta X: “El Salvador es, por mucho, el país más seguro de Latinoamérica…”. Esto es así, alegan el mandatario y sus propagandistas, porque su gobierno logró desarticular a las pandillas MS13 y Barrio 18.
Recientes informes policiales tienden a desmentir esto y hablan, más bien, de que los pandilleros retomaron la extorsión y la presencia en varios barrios y comunidades del país.
Las extorsiones y la vigilancia permanente en barrios que fueron atormentados por pandillas en los últimos años empezaron a resurgir, luego de que las fuerzas de seguridad del Gobierno lograron disminuir a las células pandilleriles durante un régimen de excepción que inició en marzo de 2022.
“Ya hay pandilleros en labores de posteo, de vigilancia a las autoridades… El mecanismo de extorsión mandando a jóvenes a cobrar (una cuota) a los negocios de la zona ha resurgido”, dice Marvin Reyes, directivo del Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil (MTP), una organización que reúne a decenas de policías y que se ha mostrado crítica de algunas políticas del gobierno Bukele.
A ellos, dice Reyes, llegó denuncias de agentes desplegados en todo el país y de ciudadanos según las cuales algunas células -clicas como se les conoce en el argot policial y pandilleril en El Salvador-, volvieron a encontrar espacio suficiente para reactivar sus actividades criminales, sobre todo la extorsión a vecinos y pequeños negocios.
Según los informes recibidos por el MTP, hay resurgimiento de células pandilleras en el Distrito Italia y en la colonia Altavista, en el extrarradio de San Salvador; también en los departamentos de San Miguel en el oriente, Santa Ana y Sonsonate en el occidente y La Libertad en la zona central. Un veterano oficial de la policía que sirvió como asesor al gobierno de Bukele, y quien habló con Infobae desde el anonimato por seguridad, confirmó la información del MTP y añadió que en algunas zonas costeras en el centro y este del país, también hay una reorganización de clicas y un aumento de las extorsiones.
Reyes dice que incluso resurgido los enfrentamientos armados entre pandilleros y policías en algunas zonas del país, los cuales dejaron a varios miembros de la MS13 y el Barrio 18 muertos y al menos a un agente herido.
En La Unión, una de las provincias más grandes del país en el extremo este, que se alarga desde la costa en el Pacífico hasta la frontera hondureña, las autoridades detectaron santuarios de pandilleros en zonas montañosas y en los bosques de mangle que pueblan el Litoral.
Otro oficial que supervisó unidades de inteligencia policial dedicadas a estudiar a las pandillas MS13 y Barrio 18 dijo que las políticas de seguridad pública en el gobierno de Bukele, fueron efectivas hasta cierto punto: lograron disminuir el control de los grupos pandilleros en los territorios, pero no consiguieron impedir que estos se transformen y aprovechen los huecos que les dejan las autoridades para seguir extorsionando.
En las ciudades, coinciden Reyes y los otros dos oficiales consultados, que la presencia de los pandilleros es mucho menor que en el pasado. Hay ya decenas de reportes periodísticos que, citando a vecinos de barrios en las periferias de la capital salvadoreña, hablan de un ambiente de tranquilidad.
GUERRA CONTRA PANDILLAS Y VIEJAS FORMAS DE OPERAR
La relación entre el gobierno de Nayib Bukele y las dos pandillas más grandes del país, la MS13 y el Barrio 18, tuvieron varias etapas. Primero existió un pacto de gobernabilidad que el Presidente y algunos de sus funcionarios hicieron con los liderazgos pandilleros cuando Bukele fue alcalde de San Salvador, la capital, entre 2015 y 2018, según comprobaron en el terreno investigadores de la Fiscalía General salvadoreña apoyados por agentes estadounidenses del FBI.
Aquel pacto, detallaron agentes estadounidenses en documentos que sirvieron de base a sanciones impuestas por el Departamento de Estado en Washington a los funcionarios de Bukele que participaron en él, consistió en esencia en proteger a los líderes de las pandillas de la extradición a cambio de votos en las elecciones presidenciales, municipales y de gobernabilidad en los territorios.
Los tratos facilitaron de hecho, al menos tres de los máximos líderes de la MS13 a los que Estados Unidos solicita por crímenes que van desde el homicidio hasta el terrorismo no sean extraditados, entre otras cosas por objeciones que ha hecho Rodolfo Delgado, el Fiscal general que sirve bajo las órdenes del presidente Bukele.
En marzo de 2022, sin embargo, el pacto se rompió y los liderazgos pandilleros ordenaron “abrir las válvulas”, el eufemismo del argot pandilleril que equivale a dar órdenes para matar sin distinciones. A finales de octubre pasado, un consorcio de medios centroamericanos agrupados bajo el nombre de Redacción Regional, reveló más detalles de esos tratos entre gobierno y pandillas, que incluyeron traslados masivos de miembros de la MS13 y el Barrio 18 desde las cárceles a hospitales. Antes, el periódico El Faro había revelado que Carlos Marroquín, uno de los funcionarios de Bukele que operó el pacto pandillero, había sacado personalmente de la cárcel a uno de los máximos líderes de la MS13 y le había ayudado fugarse a Guatemala. Infobae reveló que ese líder, llamado Élmer Canales Rivera, alias Crook, fue detectado a principios de este año en la Ciudad de México.
A la ruptura del pacto siguió un régimen de excepción que se suponía transitorio, pero ha sido renovado todos los meses desde marzo de 2022 hasta ahora. Durante lo que va de este régimen, que provocó la disminución de la presencia pandillera en los territorios, entre 70,000 y 80,000 personas fueron encarceladas según las cifras del gobierno. Entre marzo de 2022 y septiembre de 2023, 188 murieron en las cárceles del país tras ser vapuleadas y torturadas, porque los custodios les negaron atención médica.
Los despliegues del aparato de seguridad de Bukele, antes y después de instalado el régimen de excepción, fueron masivos: 7,000 soldados y 1,000 policías en el norteño departamento de Cabañas en agosto de 2023 “para sacar a los delincuentes de sus escondites”, según la comunicación oficial del Gobierno; 2,000 soldados en un cerco militar al pequeño poblado de Comasagua, en la zona montañosa aledaña al sur de la capital, conocida como la Cordillera del Bálsamo.
El despliegue más reciente, anunciado por el mismo Bukele el 11 de octubre en su cuenta X, fue de 3,500 policías y 500 soldados en Popotlán y Valle Verde, en Apopa, al norte de San Salvador, y en La Campanera, al este de la capital.
Marvin Reyes, del MTP, insiste en que el régimen de excepción no va a acabar por completo con las pandillas. “La reactivación en tiempos de régimen denota que erradicarlos no va a ser fácil. Los planes deben de ser de carácter permanente; no se va a terminar con el régimen de excepción, sino de políticas de estado en materia de seguridad que sean permanentes y la aplicación efectiva de la inteligencia de la policía”, sugiere.
A Reyes decir estas cosas le trajo costos personales, según él mismo denunció en sus redes sociales. Visitas de agentes a sus oficinas, acoso en redes, seguimientos y, lo más reciente, cuentas troles relacionadas con el gobierno esparciendo rumores sobre su arresto, que él tuvo que salir a desmentir.
En 2022, el congreso salvadoreño, dominado por una mayoría oficialista, aprobó reformas legales que permitían a la fiscalía, también bajo dominio de Bukele, procesar y encarcelar a ciudadanos y periodistas que publicaran cualquier información relativa a las pandillas y, por ende, a sus tratos con el gobierno.
El 1 de noviembre pasado, tras recibir presión de los Estados Unidos, el congreso bukelista derogó de forma parcial la mordaza, pero dejó vigentes artículos que aún permiten a los fiscales del presidente perseguir a periodistas.
En los barrios y comunidades de El Salvador, las decisiones que toman el Congreso y el presidente siguen siendo muy populares. En algunos de esos lugares, empieza haber ya indicios de que el régimen de excepción, los despliegues de miles de uniformados y la retórica presidencial no bastaron para eliminar a las pandillas con cuyos líderes que el Presidente alguna vez pactó. (Infobae)
