La ONG Amnistía Internacional (AI) alertó que el Estado colombiano no estuvo haciendo lo suficiente durante los últimos cinco años para detener las agresiones y asesinatos contra los defensores de los Derechos Humanos, en especial activistas medioambientales, campesinos e indigenistas.
En su último informe, ‘Esperanza bajo riesgo: La falta de un espacio seguro para defender Derechos Humanos en Colombia continúa’, AI hace conocer las innumerables denuncias que recibió por parte de quienes estuvieron peleando por la defensa de las libertades en el país en medio de ataques y amenazas.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en 2023, la tendencia de asesinatos de este colectivo no solo se sostiene, sino que además crece de manera paulatina. Según el Programa Somos Defensores, en 2020, fueron asesinados 199 activistas. Hasta septiembre de 2023, Indepaz ya había documentado el asesinato de 127 personas con liderazgo social y defensoras de Derechos Humanos.
Cifras que si bien son provisionales, resultan alarmantes, señala Amnistía, en cuyo informe se relatan cinco casos de estos ataques y amenazas en cuatro regiones de Colombia, como Magdalena Medio, una extensa área, aglutina hasta ocho departamentos fuertemente afectada por la violencia y en donde defender los Derechos Humanos es una actividad de alto riesgo.
Amnistía presenta además un análisis general de la situación en todo el territorio, en base a los últimos años del mandato de Iván Duque y el primero del presidente Gustavo Petro.
En cuanto al nuevo Gobierno de Petro, y a pesar de un importante cambio de retórica y paradigmas para hacer frente a este problema, la ONG lamenta que la violencia continuó. No obstante, espera que los nuevos planes de protección que se anunciaron sirvan para atajar la violencia, aunque, insiste, la intervención estatal debe ser completa, integral y coordinada. (Europa Press)
Piquer sostiene que la mejor manera de atajar este problema es atacando de manera integral y a través de varios frentes las causas estructurales que generan esta violencia. Al mitigar esto, apunta, no sólo se les protege, sino que se garantizarán sus otros derechos.
CASOS PRESENTES
EN EL INFORME
Amnistía recogió los casos particulares de cinco colectivos que se encuentran en una total situación de desamparo en regiones golpeadas por la violencia como Magdalena Medio, Meta, o Putumayo.
En Magdalena Medio tenemos los casos de un colectivo de pescadores artesanales de Santander (Fedepesan) que alberga hasta siete organizaciones que a pesar de la violencia continúan defendiendo su estilo de vida sostenible y respetuoso con el medioambiente
En Meta, la comunidad indígena de Aseimpome, después de más de 30 años de sufrir ataques y violencia, resiste y permanece en su territorio ancestral en el Meta. Al regresar en 2015 a su territorio, fueron víctimas de invasiones, incendios y amenazas a sus autoridades.
La ONG defiende que el enfoque adecuado para proteger a todos estos colectivos y todos aquellos que padecen una situación similar es abordar las causas estructurales que generan esta violencia, proteger a las víctimas con todas las herramientas del Estado y poner en marcha medidas que tengan en cuenta las particularidades de muchos de estos colectivos.