El Proyecto de Ley 464 de Modificación al Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 no fue aprobado esta madrugada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
La nueva norma fue rechazada por 92 votos, mientras que 62 sufragios fueron favor y hubo tres nulos, haciendo un total de 157 votos. El rechazo a la modificación del PGE se dio luego de un prolongado debate previo de más de 12 horas.
El presupuesto reformulado llegó al Legislativo el 17 de agosto y fue tratado y aprobado en Diputados el 5 de octubre. Luego fue modificado y devuelto con observaciones por el Senado, el 25 de ese mes, pero al filo de la legislatura fue rechazado por los diputados.
Estaba previsto que el PGE reformulado sea tratado en la última sesión de la gestión legislativa 2022-2023; sin embargo, el presidente de la ALP, David Choquehuanca, decidió esperar a que la Comisión de Constitución se pronuncie sobre la legalidad de la norma y así evitar posteriores recursos que puedan dificultar su aplicación.
RECHAZO
Horas antes de la instalación de la sesión la senadora por la agrupación Creemos, Centa Rek, instó a municipios y otras entidades que reclaman la aprobación de este tipo de normas, pedir explicaciones al Gobierno por la introducción de disposiciones adicionales persecutorias.
Desde sus redes sociales, la senadora Rek denunció que el gobierno del presidente del Estado, Luis Arce Catacora, intenta, de todas las formas posibles, intenta reponer artículos que ya fueron impugnados y observados en la Ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo, en noviembre de 2021 que, en esa oportunidad movilizó a la ciudadanía con un paro de 9 días en todo el país, hasta que la misma fue abrogada por el Ejecutivo.
“No podemos permitir desde el Órgano Legislativo que el presidente Arce vuelva a hacer este intento de aprobar leyes persecutorias, usando de contrabando el Presupuesto Reformulado y otras normativas”, sostuvo la legisladora cruceña.
La asambleísta nacional usó como ejemplo una de las disposiciones adicionales incluidas en el PGE Reformulado 2023, en la que se incorporó un parágrafo V al artículo 495, de la ley N° 393, de 21 de agosto de 2013, de Servicios Financieros con el siguiente texto: “Los sujetos obligados así como sus directores, gerentes, administradores, funcionario responsable, miembros de la Unidad de Cumplimiento y/o cualquier empleado dependiente cuando reporten a la UIF de buena fe operaciones sospechosas, con independencia de si la actividad ilegal realmente ocurrió o no, estarán exentos de responsabilidad administrativa, civil y penal por transgresión de alguna restricción de revelación de información a la que estuvieran obligados al momento de efectuar el reporte, cualquiera fuera su naturaleza. Queda prohibido revelar el hecho de que se está entregando a la UIF un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), o la información relacionada al mismo, por el carácter confidencial y la obligación de reserva del cual gozan los mismos”.