La relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de las NNUU emitió una nota, no respondida por el Gobierno boliviano, en la que establece su preocupación por la suspensión de las elecciones judiciales en Bolivia.
“Quisiera que se tome en cuenta con urgencia de parte del Gobierno, la información que he recibido en relación al retraso que han sufrido las elecciones judiciales en Bolivia, inicialmente programadas para el 29 de octubre de 2023, y la posibilidad que los cargos de las altas autoridades judiciales del país queden vacantes en enero de 2024”, dijo una carta enviada por la relatora Margaret Satterthwaite al presidente Luis Arce el 18 de septiembre pasado.
La carta fue hecha pública en un portal de NNUU ayer al vencerse 60 días de enviada y debido a que no tuvo respuesta de parte de Arce.
“Quisiera expresarle mi preocupación ante el retraso que ha sufrido el proceso de elección las autoridades máximas del órgano judicial: Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental (TA) y Consejo de la Magistratura (CM), y ante la posibilidad que, en 2024, dichos cargos de las altas autoridades judiciales del país se encuentren vacantes, quizás por un período indefinido”, agrega la carta suscrita por Satterthwaite.
La relatora agrega en su nota: “Aprovecho a destacar la importancia que tiene esta elección para asegurar la independencia de la justicia en el país, y en este sentido, resalto la importancia que tiene celebrar un proceso transparente, participativo e integro. Los derechos a la igualdad ante las cortes y tribunales, a un juicio justo y a recursos efectivos son elementos clave de la protección de los derechos humanos y sirven como medio procesal para salvaguardar el estado de derecho”.
La relatora de NNUU recuerda en su carta al presidente del Estado, Luis Arce Catacora, que su antecesor, Diego García-Sayán, presentó un informe en el que expresó su “preocupación sobre el hecho de que varios postulantes llegaron a la última fase del proceso de preselección (del año 2017) con calificaciones muy bajas”.
Ese informe expresó también preocupación por “la baja legitimidad de dichas votaciones (2012 y 2017) dada la escasa participación del electorado (…). Según la información recabada, en los votos de 2017 el 53,8% fueron nulos en el caso del Tribunal Agroambiental, el 53,76% fueron nulos para el Consejo de la Magistratura (…) y solamente el 31,04% fueron votos válidos para el Consejo de la Magistratura”.
La extensa carta de la relatora hace un repaso de todas las iniciativas legislativas tendentes a la realización de las elecciones judiciales este año, que fueron descartadas por el oficialismo, en un aparente intento de sabotear ese proceso electoral para que los actuales magistrados, que en general son proclives al oficialismo, sean mantenidos en sus cargos.
El Tribunal Constitucional emitió fallos, algunos con demora, que favorecieron la no realización a tiempo de las elecciones judiciales este año. El Tribunal Supremo Electoral emitió un comunicado en el que informó que podía garantizar la realización de las elecciones judiciales el 3 de diciembre, siempre que hasta el 3 de septiembre la Asamblea Legislativa hubiera entregado la lista de candidatos preseleccionados.
Actualmente las elecciones judiciales no tienen fecha programada y se teme que alguna manipulación establezca la prórroga de los actuales magistrados. (Brújula Digital)