Frenar la deforestación es uno de los principales objetivos para mitigar del cambio climático en la región y en Bolivia, en línea con la estructura de emisiones del país. En el país, los gases de efecto invernadero provienen principalmente del cambio de uso del suelo y de las prácticas agropecuarias, y en menor medida de los sistemas de energía, el transporte, la industria y las edificaciones, según el Reporte de Economía y Desarrollo (RED): “Desafíos globales, soluciones regionales: América Latina y el Caribe frente a la crisis climática y de biodiversidad”, de la CAF, banco de desarrollo de América Latina y el Caribe.
Si bien Bolivia logró avances en el tema de la expansión de la frontera agrícola, aumento de la productividad y uso de prácticas sostenibles en el sector agropecuario, son menores a comparación del resto de países de América del Sur.
El reto de detener la deforestación en el país está asociado con fortalecer la sostenibilidad del sector agropecuario, señala la nota de prensa de CAF, sobre la presentación del informe.
El informe presentado ayer, analiza los desafíos y las oportunidades que provoca el cambio climático, así como la protección de los ecosistemas y la biodiversidad para América Latina y el Caribe.
Pone énfasis en tres mensajes de relevancia para todos los países de la región: la importancia de la adaptación, la necesidad de contribuir a la mitigación global y la urgencia de preservar el capital natural, como factor clave en el propio proceso de desarrollo.
El informe se presenta en un contexto adverso para el país, debido a los incendios que se registran a nivel nacional y la negativa de declarar desastre nacional en un panorama de pocos recursos, pero también por el tema político.
Riesgos
El fortalecimiento de la resiliencia de las economías frente a los riesgos del cambio climático, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero -en línea con lo establecido en el Acuerdo de París- y la restauración del capital natural, constituyen ingredientes esenciales en la búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo que ampare un crecimiento más inclusivo, resiliente y sostenible, describe el documento como una respuesta a la crisis climática y la pérdida acelerada de la biodiversidad.
Respecto a los impactos o efectos del cambio climático, el reporte indica que Bolivia está expuesto y es vulnerable debido a su geografía y condiciones socioeconómicas, tomando en cuenta que los eventos extremos -inundaciones en mayor medida- son más frecuentes, las olas de calor se hacen sentir cada vez más en las ciudades, sus temperaturas medias se incrementarán más que en el resto de la región, sus precipitaciones se reducen y se vuelven menos predecibles, y que sus glaciares tropicales se están derritiendo rápidamente, lo cual plantea una amenaza para el suministro de agua.
Como tal, la sequía ha provocado la disminución de lagos y ríos a nivel nacional, algunos departamentos ya enfrentan la falta de agua por ausencias de lluvias y una disminución de las represas.
El economista Gonzalo Chávez, en sus redes sociales, explicó que la deforestación está provocando la reducción de precipitaciones pluviales a nivel nacional.
Informe
El informe resalta la necesidad de implementar políticas de adaptación que puedan tener sinergias positivas con la inclusión social y el crecimiento económico, como prácticas de agricultura sostenible, soluciones basadas en la naturaleza, inversiones en infraestructura de adaptación, políticas para el manejo de riesgo de desastres y medidas regulatorias.
El reporte sostiene que el país también puede avanzar en la transición energética, a pesar de representarle una tensión, debido a que la producción de hidrocarburos y su exportación, principalmente de gas natural y petróleo, le representan una importante fuente de ingresos y divisas.
Asimismo, esto significa un desafío para el país porque en la oferta primaria de energía de Bolivia prevalecen los combustibles fósiles: más de tres cuartos de la energía se genera a través del gas natural (44%), el petróleo (27%) y las importaciones de derivados del petróleo (13%).
A favor, la superficie de Bolivia comprende parte de la Puna, que es una de las áreas de la región con mayor potencial práctico para la generación de energía fotovoltaica. En su Contribución Nacionalmente Determinada (CDN) el país tiene como objetivo hasta el 2030, incrementar la generación eléctrica (aumentando la potencia instalada en un 58%), ampliar la partición del consumo de energías renovables (del 37% al 79%) y extender en un 10% anual, la participación de vehículos eléctricos del transporte público.
El informe también resalta que Bolivia, por su dotación de minerales y energía renovable, tiene la capacidad de ser un agente clave en la transición energética a nivel global, puesto que cuenta con las mayores reservas no utilizadas de litio del mundo.
Con relación a la necesidad de preservar el capital natural, en el reporte de CAF se destaca a Bolivia entre los países con mayor diversidad de ecorregiones a nivel global. Los ecosistemas son fuente de protección y adaptación al cambio climático, ayudan a reducir emisiones al absorber dióxido de carbono de la atmósfera y almacenarlo en la biomasa y en los suelos. Sin embargo, esta riqueza se está perdiendo a un ritmo acelerado.
El reporte revela que, el 53% de la superficie de Bolivia se conserva en estado natural o seminatural, porcentaje que se encuentra por encima del promedio regional (45%) y por encima del promedio de países de América del Sur (48%). Describe que el cambio en el uso de suelo se encuentra fuertemente vinculado al sector agropecuario: el 41% de la superficie del país se dedica al pastoreo y el 6% a cultivos, mientras que los asentamientos humanos ocupan el 1% del territorio.
El documento sostiene que una de las políticas más frecuentes en la región para preservar el capital natural es el establecimiento de las áreas protegidas e indica que Bolivia conserva el 23% de su superficie terrestre como área protegida, en comparación con un promedio del 22% a nivel regional.