El pasado 19 de septiembre, en la sede de Naciones Unidas, Luis Arce dijo que el PIB per cápita (PIBpc) boliviano de 2022 alcanzaba el monto de “3.691 dólares” y, de manera errónea, indicaba que se trataba de “la cifra más alta de la historia boliviana”. Sin embargo, él no dijo que, para hacer las comparaciones del PIBpc a lo largo del tiempo, la medición debe hacerse con precios constantes. Así, según los datos del Banco Mundial, se desvela que el PIBpc real de 2022 (US$ 3.118) no ha superado el de 2019 (US$ 3.243), por lo tanto, no es el mayor de la historia. Tampoco lo será el de 2023 (US$ 3.137), el cual habrá crecido solo en un 0,6% (crecimiento del PIB real-crecimiento de la población=1,8%-1,2%). Arce, tampoco dijo que el PIBpc boliviano es el más pequeño de Sudamérica, donde los países registran cifras que se encuentran entre los US$ 6 mil (Paraguay) y US$ 18 mil (Uruguay).
En su discurso, Arce no mencionó que en su gestión la Deuda Externa (DE) está aumentando notablemente, pues entre diciembre de 2020 y marzo de 2023 (datos disponibles del BCB) ha crecido en US$ 1.459 millones. Asimismo, aunque los informes oficiales indican que la deuda externa es del 30% del PIB, hay indicios que apuntan que se acerca al 40%. A saber, para calcular la ratio DE/PIB, el Gobierno transforma el PIB de bolivianos a dólares, aplicando el tipo de cambio nominal oficial (6,96); pero como hay signos de sobrevaloración del tipo de cambio real, el tipo de cambio a utilizar para la conversión debería ser mayor que el oficial: con una sobrevaloración del 30% (Revista boliviana de administración, vol.3(1), 2021), el tipo de cambio subiría a 9 bs/US$ y, con él, la deuda externa a 39,4% del PIB en 2022 (DE/PIB=13.300/(304.097/9)). Y supondría el 40% del PIB en 2023.
También se echó en falta, la referencia a la caída de las reservas internacionales: cuando Arce toma posesión se registraban US$ 5.305 millones, a marzo de 2023 descendían a US$ 3.112. A noviembre de este año, no hay constancia de que éstas hayan mejorado, pues el BCB extrañamente ha dejado de publicar sus reportes periódicos.
Nada se dijo de la subestimación de la tasa de inflación: aunque el INE publica que la inflación anualizada a octubre de 2023 es del 2%, lo cierto es que el promedio de inflación anualizada de los 118 artículos de alimentos básicos es 5,4%: la cuarta parte de ellos está experimentando un aumento de precios superior al 7%. Hay alimentos como los huevos y los cítricos que han sufrido aumentos de precios entre el 23% y 55%. Para tener un reporte de inflación más confiable y verdadero, el INE en su cálculo del IPC debería evitar ponderar tan bajo a los alimentos (el 80% de los 118 artículos alimentarios tiene un peso inferior al 0,26%).
Tampoco se dio a conocer que, desde el tercer trimestre de 2022, hay signos notorios de aumentos del desequilibrio externo, ya que la cuenta corriente (CC) está mostrando saldos negativos: en el primer trimestre de 2023 el déficit por CC es de US$ 324 millones, que superaría los US$ 700 millones si se descuentan las remesas de la población emigrante.
Aunque no se dijo en septiembre, ni en el mensaje presidencial de noviembre, la evidencia muestra que, desde finales de 2020, la economía boliviana no ha podido retornar a los niveles de renta por habitante de 2019. Además, los datos muestran una elevada inflación de alimentos, que daña el consumo, especialmente de las familias de renta baja. Adicionalmente, el continuo aumento de la deuda externa, que se junta con un tipo de cambio fijo con signos de sobrevaloración –cuyo mantenimiento es precario por las disminuciones de las reservas internacionales– y con déficits de cuenta corriente, pone al país en una situación de vulnerabilidad financiera y a las puertas de una crisis de balanza de pagos, cuyas consecuencias en términos de pérdida de crecimiento económico y aumentos del desempleo pueden ser muy dañinas.
A la luz de la evidencia descrita, es urgente un cambio de la política económica del país, tanto a corto, como a largo plazo. A corto plazo se debería frenar las necesidades de endeudamiento externo, a través del racionamiento y reorientación del gasto e inversión públicas hacia sectores que tengan un impacto positivo en el empleo e ingresos de los ciudadanos, a la par que se incentiva la inversión privada. También, deberían aplicarse políticas de oferta en sectores productivos exportables, como el alimentario y el turístico. En el largo plazo, es imprescindible elevar la productividad invirtiendo en capital humano y tecnología, en los sectores de energía, alimentos, información e industria semiligera. Desafortunadamente, existen dudas de que el actual Gobierno acometa esas tareas, dados sus elevados niveles de corrupción y debilidad política. Habrá que esperar, en el peor de los casos, hasta 2025 para que el próximo Gobierno lleve a cabo esas labores.
El autor es Dr. en Economía y profesor de Economía Aplicada y Análisis Económico.