Ven postura política sobre proyectos para evitar acefalías

Luego de las declaraciones emitidas por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la que cuestiona las propuestas para evitar acefalías en el Órgano Judicial a partir de enero de 2024, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, señaló que estas posturas tienen un carácter político y demuestran las intenciones de administradores de justicia para mantenerse en sus cargos.
Desde sus redes sociales, el parlamentario representante de la Sede de Gobierno, reprochó que se intente descalificar las propuestas planteadas por Asambleístas para solucionar el problema del inminente vacío de poder que se genere en el Órgano Judicial, sin que estas hayan sido tratadas por el Parlamento.
“El Presidente del TSJ actuando como político y no como juez, cuestiona a las leyes de acefalía en el Senado, cuando ni siquiera han iniciado su trámite legislativo. ¿Por qué lo hace? Estas leyes van contra la autoprórroga, que es el plan del Gobierno. Quieren quedarse en sus cargos”, sostuvo Alarcón.
Asimismo, cuestionó que sea el propio titular del TSJ quien se incline por evitar el análisis de leyes que eviten acefalias en el Órgano Judicial a partir de enero de 2024 y se intente orientar la realización de elecciones judiciales ordenadas, “saboteadas” en diferentes oportunidades por intereses políticos.
“Con las revelaciones del Presidente del TSJ, cuestionando las leyes para evitar acefalías y señalando que no puede haber vacío, se viene la sentencia del TCP de autoprórroga por orden del Gobierno. Estos secuaces del gobierno como jueces de facto se quedarán hasta el 2025”, expresó el parlamentario.
Durante una entrevista televisiva, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres, advirtió que todas las propuestas planteadas desde el Parlamento para evitar un vacío de poder en la justicia a partir de la siguiente gestión, son inconstitucionales, siendo el voto soberano de la población, la única vía legal para la designación de magistrados
“Son inconstitucionales por doble sentido: primero, por las propuestas en sí, y segundo, porque la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene la facultad de legislar, pero con una ley no puede cambiar la Constitución Política del Estado. No está entre sus competencias la designación de magistrados”, sostuvo.
Torres enfatizó que la única instancia facultada para interpretar la Constitución es el Tribunal Constitucional Plurinacional, y eso es lo que se requiere en este momento “una interpretación del TCP para salir de una situación crítica”.