Si bien no es de conocimiento público el proyecto de ley del PGE (Presupuesto General del Estado) 2024, como si fuera un secreto de Estado, inclusive para los mismos oficialistas, pudimos acceder al mismo para realizar un breve análisis de la amplia información que contiene el mismo, lo cual es pertinente, dada su gran importancia para la economía nacional y su planificación financiera a corto plazo, en una próxima gestión con menores recursos y mucha incertidumbre en los mercados internacionales. El Presupuesto Agregado será de Bs. 340.317.970.486, mientras que el PGE 2024 consolidado de Bs. 265.558.034.072; el primero creció en un 7,3% respecto al 2023, y el segundo se incrementó en un 8,9% respecto a esta presente gestión. En este año se espera que la ejecución presupuestaria nacional no supere el 75%, y la ejecución presupuestaria de inversión pública llegue cerca al 50%. Entonces, ¿por qué asignar más recursos en 2024, si en éste, no estaremos ni cerca de cumplir con las metas propuestas de ejecución?
El proyecto del PGE 2024 establece dentro de sus metas macroeconómicas, un crecimiento del PIB (Producto Interno Bruto) del 3,71%, mucho menor al 4,86% fijado para este 2023, a pesar de que los organismos internacionales sostienen que Bolivia crecerá el 2024 y 2025 por debajo del 2% anual. Se espera que en 2024 tengamos una inflación acumulada anual del 3,60%, dato un poco mayor a lo que se registrará este año según proyecciones. Respecto al Déficit Fiscal del SPNF, se estima que será del -7,80% de nuestro PIB; este 2023 se proyectó una cifra del -7,49%, la cual podría darse dada la baja ejecución presupuestaria nacional; menor gasto, menor inversión, menor déficit público, fórmula simple.
Haciendo una pausa, en el tema de la inversión pública, en la gestión 2023 se presupuestó $us. 4.006 millones, de los cuales se estima se ejecuten cerca al 50%, sin embargo, en 2024 se tiene presupuestado gastar $us. 4.274 millones, de los cuales un 56% irá al sector productivo (industria, minería, hidrocarburos, otros), un 23% al sector social (salud, saneamiento básico, urbanismos y vivienda, deportes, educación, otros); un 16% a infraestructura y el 6% al sector multisectorial.
El presupuesto de “inversión pública” por nivel institucional 2024, indica que del total asignado (Bs. 29.318.976.706), el 36% será para las instituciones descentralizadas, un 25% para el Órgano Ejecutivo, 10% para los municipios, casi 4% para las gobernaciones y apenas un 0,44% para las universidades. Como se observa, más del 60% de los recursos presupuestados serán administrados y “posiblemente” ejecutados por el gobierno nacional; nuevamente se refleja el centralismo en la administración y ejecución de recursos estatales.
De acuerdo con lo indicado en el PGE 2024, del Presupuesto de Gasto, un 58,6% será destinado para gasto corriente y un 16,1% para Gasto de Capital; así mismo, se mantiene la política de dar recursos sostenibles, aunque no suficientes ni integrales, para los sectores de salud y deportes, a los cuales se les asignará un 10,1% y 10,8% respectivamente del próximo PGE 2024.
El presupuesto consolidado de la administración pública 2024, establece un monto consolidado de Bs. 265.558.034.07 (mismo monto para ingresos y egresos), del cual, los ingresos corrientes son por un monto de Bs. 159.980.873.061; de los cuales el 39% corresponderán a ingresos de operación y el 36% a ingresos tributarios. Otro dato importante, es respecto a las Fuentes Financieras, donde el gobierno nacional espera en 2024 adquirir una deuda pública externa adicional por $us. 4.187 millones; algo llamativo, es la deuda interna, la cual se planifica que llegue a $us. 11.043 millones, casi 3 veces más que la primera. Se observa mayor incremento de la deuda pública nacional para el 2024, donde nuevamente se recurre y crece más la interna que la externa. Además, lo crítico, es que, del total de presupuesto de ingresos, aproximadamente el 40% depende precisamente de deuda pública y no de ingresos propios generados por el Estado boliviano.
En el caso de los gastos corrientes, cuyo monto asciende a Bs. 155.639.516.115, el 32% se irá a pago de sueldos y salarios, cuyo monto será mayor, considerando el incremento salarial del próximo 2024; una cifra importante, es que un 43% de estos gastos se irá al pago de bienes y servicios. Aquí, hay que recalcar, haciendo una comparativa, que casi todos los ingresos generados por la recaudación tributaria del 2024 (Bs. 56.885.903.772) alcanzarían a cubrir con lo justo los sueldos y salarios, aportes a la seguridad social y beneficios sociales (Bs. 55.986.385.071) de los casi 600 mil empleados públicos dependientes del Estado.
Un tema, no menos importante, es el servicio de la deuda pública que se pagará este próximo año, se estima que para el 2024 solo el 2% del PGE consolidado será destinado para la amortización de deuda pública externa; sin embargo, el 8% de los gastos corrientes serán destinados al pago de intereses de deuda pública, interna y externa. En total, la gestión 2024 se tiene proyectado destinar $us. 2.680 millones para entre amortización e intereses de deuda pública, un 5% del PGE 2024.
Hablando de más deuda pública, según el proyecto de ley 030/2324 del PGE 2024, en su artículo 7, endeudamiento público mediante la emisión de títulos valor en mercados de capitales externos, autoriza al MEFP celebrar operaciones de deuda pública hasta un monto máximo de 2 mil millones de dólares americanos. Así mismo, en el artículo 8, líneas de crédito contingente, autoriza al Ministerio de Planificación del desarrollo, hasta un monto de $us. 700 millones. Todo lo anterior, reflejaría la necesidad imperiosa del gobierno nacional de buscar recursos en el exterior e interior del país, mediante deuda pública, donde se autoriza hacer alianzas estratégicas de empresas públicas con privadas; el fin, claramente, seguir financiando el déficit fiscal.
De manera resumida, se evidencia que para el 2024 habrá un PGE en un 8,9% más grande que el 2023, donde no están plenamente garantizados los recursos económicos, sean propios o externos, debido a los problemas de liquidez vigentes (divisas) y a la baja solvencia financiera por parte del Gobierno Nacional; de hecho se está apostando a un mayor endeudamiento público para garantizar la sostenibilidad del PGE, el cual muestra nuevamente un déficit fiscal sostenido, debido a un continuo incremento en los gastos corrientes del Estado; se estima para el 2024 casi Bs. 27 mil millones de perdida (déficit) según el flujo financiero consolidado del sector público.
Finalmente, aún prevalece un PGE burocrático y centralista, donde más del 80% de los ingresos y gastos serán administrados por el gobierno nacional y sus demás dependencias estatales; lo cual limita recursos y autonomía de gestión para municipios, gobernaciones y universidades principalmente. De igual manera, el PGE representa alrededor el 80% de nuestro PIB, que, considerando el tamaño y tipo de economía que tenemos, le da poco margen de maniobrabilidad financiera ante shocks externos y, ahora, ante los problemas políticos y de gobernanza al interior del partido oficialista, la situación se complica más. La gran pregunta del próximo año: ¿nuestro PGE 2024 será sostenible?
El autor es Presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija.