El país pasa un desgobierno y sufre secuelas del despilfarro

Dos analistas se refirieron a la escasez de combustibles, la falta de divisas y la situación de la justicia, y coincidieron en señalar, que Bolivia pasa un desgobierno en el tema político y sufre las consecuencias económicas del despilfarro económico consumado por el gobierno de Evo Morales y el exministro de Economía, Luis Arce, por no haber priorizado la exploración de nuevas reservas de gas.
Luis Alberto Ruiz y Enrique Velazco compartieron ayer el panel de “Hagamos Democracia” de la red Erbol. En el tema de la subvención, recomendaron al Gobierno dejar el cálculo del costo político de un eventual ajuste de carburantes y asuma la realidad porque el país ya no tiene capacidad de seguir financiando la costosa importación de diésel y gasolina.
Velazco recordó que, el 2005 Bolivia tenía 17 a 20 TCF de gas y hoy apenas alcanza a 4 TCF. Según estimaciones de los expertos, 1 TCF alcanza para un año de consumo interno. Las reservas internacionales el año 2005 eran de 1.500 millones de dólares y hoy el país tiene menos de esa cantidad de reservas.
Sostuvo que el Gobierno debería llevar al debate esta situación de los combustibles y que los políticos presenten soluciones en lugar de estar viendo quiénes serán los próximos candidatos el 2025.
Por su lado, el abogado Luis Alberto Ruiz, dijo que Bolivia actualmente ya no tiene gas porque durante todo el gobierno de Evo Morales no se hicieron nuevas prospecciones, por tanto, el país está pagando los errores políticos del MAS.
Recordó que los gobiernos de Paz Estenssoro, Paz Zamora, Banzer, Jorge Quiroga y Gonzalo Sánchez de Lozada durante años dieron continuidad a una política de exploración, explotación y construcción de ductos de gas para que Evo Morales solamente venga a abrir una válvula de gas y reciba una “chorrera de dólares” que fueron despilfarrados en la misma dimensión.
Sostiene que Morales implantó una economía de prebenda y despilfarro, que ahora le toca enfrentar al presidente Arce.
En relación a las elecciones judiciales, indicó que el Tribunal Constitucional se ha convertido en un “supra Estado y en una republiqueta que dicta normas a título de constitucionalidad”, cargando al país el peso de tener una justicia que requiere una verdadera transformación y no una simple elección de magistrados.