El misterio que rodea a concesiones mineras

Muchas veces se ha dicho que somos un país minero porque varias zonas del territorio nacional contienen minerales de todo tipo y que con su explotación algunos obtuvieron grandes fortunas, como los denominados “barones del estaño” y otros. En 1952, con la nacionalización de las minas que explotaban los grandes mineros, la Comibol se convirtió en la mayor empresa del país. En ese tiempo, el gobierno del MNR afirmó que sería una empresa minera rentable y que las riquezas que consiguieron tres empresarios, pasarían a engrosar la economía nacional hasta lograr independencia económica.
Pero la Comibol, en lugar de ser empresa modelo se convirtió en otra dependencia del Estado y, con el paso del tiempo, mostró el fracaso de la minería estatal. Ciertamente, hubo en el país muchas empresas mineras, de diferente tamaño. Muchas de las grandes minas era parte de la Comibol, generalmente mal manejadas por diversos gobiernos. Esas empresas mineras, con pocas excepciones, no fueron explotadas con sistemas modernos y estudios serios de prospección y menos hubo grandes inversiones en tecnología.
Por otra parte, no es inusual no saber con exactitud quiénes explotan minas, qué minerales extraen, cuáles son sus rendimientos, cuánto de esa producción es fundida en el país y cuánta es exportada al extranjero. El problema se agrava en los últimos años, particularmente con el caso de los “cooperativistas” mineros que se dedican a extraer oro. Al respecto, expertos en la materia hacen notar que esos mineros ya no practican el cooperativismo, sino que son grupos empresariales que, inclusive, logran alianzas con inversionistas foráneos. Por otra parte, a pesar de que logran jugosas ganancias, lo que tributan es irrisorio. Lo peor es que incursionan en parques nacionales para sacar el dorado metal de ríos, dejando como saldo contaminación por el uso de mercurio, lo que deteriora gravemente esas tierras fértiles y pone en riesgo la salud de pueblos indígenas.
En resumen, desde hace alrededor de quince años, muy poco se sabe de las concesiones mineras a los “cooperativistas” auríferos y, menos, las características de tales adjudicaciones. Lo cierto es que actualmente tienen presencia en áreas protegidas y se resisten a cumplir normas de preservación de esas zonas. En todo caso, es urgente que las autoridades de ese sector den las explicaciones pertinentes.
Por lo poco que se sabe, se deduce que ahora la explotación de zonas auríferas está en manos de grupos empresariales afines al oficialismo. No se explica de otra manera, la lentitud gubernamental para transparentar la información al respecto. Como consecuencia, se teme que continúe, aunque sea subrepticiamente, esa minería que no repara en dañar reservas de preciosa agua que siempre será indispensable para garantizar la vida de poblaciones, flora y fauna. Esta situación irregular debería preocupar al gobierno, cuya obligación es revelar lo que pasa con las concesiones auríferas e investigar los aspectos mencionados, si realmente respeta a la madre tierra, como pregona con frecuencia.