La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ayer el primer informe del seguimiento a las recomendaciones que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) hizo sobre la crisis poselectoral de Bolivia el 2019. Evidenció que en cuatro años hay un “escaso avance” y que solo se cumplieron “cabalmente” cuatro de las 36 recomendaciones.
“El informe señaló una especial preocupación por el elevado número de investigaciones que reportan escasos avances en la determinación de responsabilidades ante graves violaciones a derechos humanos en 2019, lo que impacta directamente el acceso a la justicia de las víctimas”, afirmó el comisionado de la CIDH, José Luis Caballero.
En la presentación que se desarrolló en instalaciones de la Cancillería, estuvieron presentes la ministra de Relaciones Exteriores, Celinda Sosa, el ministro de Justicia, Iván Lima, y el procurador del Estado, César Siles, entre otras autoridades.
Entre los procesos judiciales que emanaron de los hechos de 2019, existen detenidos por los casos Senkata y Sacaba, además de otros referidos a la muerte de manifestantes que rechazaban la asunción de la expresidenta Jeanine Añez.
Sin embargo, existen otros procesos cuyo avance fue cuestionado por las víctimas. Como las muertes en Montero, la quema de buses Pumakatari y las viviendas del exdefensor Waldo Albarracín y la periodista Casimira Lema.
Caballero, que lidera la delegación de la CIDH, destacó las medidas del Estado para cumplir cuatro recomendaciones del GIEI junto con el fortalecimiento de la institucionalidad y la independencia del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y las acciones para la reparación integral de víctimas.
“De las 36 recomendaciones, cuatro de ellas se han cumplido cabalmente; la creación del mecanismo internacional de la mesa de seguimiento; se ha presentado el plan de reparaciones; hubo un foro sobre racismo y perspectiva de género; y hubo un avance para dejar sin efecto las normas sobre prescriptibilidad o amnistía sobre violaciones graves a los derechos humanos”, detalló Caballero.
El representante de la CIDH también mencionó que aún está “pendiente” la implementación de un marco en materia de reparación a las víctimas de los hechos de 2019, el cual debe concretarse a través de una ley. “Esto es un desafío muy importante”, agregó.
El comisionado enfatizó que el “plan de acción” de la política integral de reparaciones a los afectados por los hechos luctuosos debe ser diseñado de “manera participativa”, con “todas las víctimas de los hechos de violencia que relata el informe del GIEI”.
El informe señala que esta política se verá fortalecida a través del procedimiento para la realización del censo de víctimas y el desarrollo del sistema informático de registro de heridos y fallecidos de los hechos de violencia ocurridos en 2019 y 2020.
El comisionado anunció que se reunirá con autoridades de la Defensoría, Fiscalía, poder judicial y los grupos de víctimas de violaciones gravísimas a derechos humanos de 2019. (Agencias)