El pasado sábado, la casera de la tienda me preguntó si el país está en crisis económica, qué va a pasar con el dólar y si los precios de los productos van a subir, porque ya no hay gasolina en las estaciones de servicio. No tardé en responder a doña Catalina, que la situación es crítica, pero Bolivia está camino al barranco del desastre económico por las siguientes razones.
Primero, las reservas internacionales netas (RIN) entre 2014 y agosto de 2023 bajaron de $us 15.122 millones a $us 2.147 millones. Esta caída pone en peligro el acceso y el pago de la deuda externa, la estabilización del tipo de cambio, la moneda nacional y genera una imagen ante los organismos financieros como un Estado que no garantiza el pago de sus préstamos por esta situación.
Segundo, la baja tasa de inflación a noviembre de 2023 (1,48%) oculta la subvención a los carburantes y a los alimentos, lo cual elevó el déficit fiscal al 7,2% hasta 2022, y para este 2024, en el Presupuesto General del Estado (PGE) se proyecta alcanzar el 7,8%. Además, no se menciona que la baja tasa de inflación se debe también al contrabando de productos que entre 2020 y 2023 se incrementó de $us 2.966 millones a $us 3.331 millones, lo que derivó en el cierre de muchas empresas y el despido de miles de trabajadores, porque esos bienes ilegales son vendidos con bajos precios y no pagan tributos.
Tercero, el crecimiento de la economía bajó en su velocidad porque en 2021 se registró 6,1% y en 2022 fue del 3,4%, pero hasta junio de 2023 se alcanzó el 2,2%. Este hecho se refleja en el bajo movimiento económico en los mercados zonales, que afecta a los bolsillos de los bolivianos y en la baja productividad, por ejemplo, el precio del huevo hasta el momento no baja, debido a que no hay un aumento en la producción de este sector.
Cuarto, la baja tasa de desempleo urbano que hasta septiembre de 2023 llegó al 3,6%, pero nada se dice sobre el desempleo rural ni del subempleo o el empleo precario existente en las ciudades. La mayoría de los empleos creados están en el sector informal, donde no se cumplen las leyes laborales y los sueldos están por debajo del salario mínimo nacional por 10 o 15 horas de trabajo diario.
Quinto, la economía del país no sólo está infectada de contrabando, empleo precario, sino también de una economía informal que alcanza el 85%, donde unos cuantos se benefician, como los contrabandistas, los cocaleros y los mineros cooperativistas que llegan a regalarse autos cero kilómetros por las utilidades logradas en el año, lo cual debió transformarse en tributos para el Estado, pero como el gobierno necesita de apoyo electoral, no son fiscalizados. En estos sectores, se mueven las actividades recreativas, la compra y venta de inmuebles y la importación de autos de forma ilegal porque no se otorgan facturas.
Sexto, el aumento de la deuda externa que entre 2006 y septiembre de 2023 pasó de $us 3.239 millones a $us 13.408 millones, así como de la deuda interna hasta septiembre de este año llegó hasta Bs 128.115 millones que al tipo de cambio (Bs 6,96) asciende a $us 18.407 millones. La suma de ambas cifras asciende a $us 31.815 millones.
El aumento de la deuda sólo puede ser sostenido con el respaldo de las RIN, pero si las reservas internacionales se reducen, el Estado boliviano deudor no será confiable cuando busque préstamos en el mercado financiero internacional. Además, se debe tomar en cuenta las bajas calificaciones otorgadas por las calificadoras internacionales en los últimos meses, las cuales ponen en duda la capacidad de pago de la deuda y pueden encarecer las tasas de interés de los futuros préstamos.
Es importante que un crecimiento económico y las demás cifras macroeconómicas se traduzcan en el desarrollo humano, que permitan a los bolivianos acceder a un empleo seguro, un salario digno, educación básica y superior, servicios básicos, vivienda, salud, infraestructura pública y un mercado interno seguro para su producción. En la actualidad, muchos bolivianos sufren diversas necesidades o no pueden acceder a un empleo seguro porque el aparato productivo público y el privado no pueden atender estas demandas.
El gobierno cifra sus esperanzas en el proyecto de la industrialización del litio, la instalación de dos plantas de biodiesel, la producción de etanol y en un conjunto de plantas industriales que se construyen en varias regiones para revertir la actual situación financiera, las restricciones a las inversiones en el exterior. Sin embargo, muchos de estos planes están en papeles, por lo que demorarán entre dos o tres años, algunos son de menor magnitud, cuya incidencia en el contexto nacional e internacional no es importante o aún no cuentan con financiamiento.
Está claro que la era del gas natural se acabó y prueba de ello es la caída en la producción de gasolina y diésel, que se traduce en las largas filas de vehículos en las estaciones de servicio. La subvención a los carburantes sólo es posible cuando un Estado cuenta con ingresos suficientes, lo contrario puede derivar en un mayor déficit o en un default porque las reservas internacionales no resistirán la presión.
¿Cuál es la solución para estos problemas? Es necesario atraer inversión extranjera y nacional para reactivar el aparato productivo, establecer un pacto productivo público-privado por una mayor producción con empleos seguros y salarios dignos. Además, se debe incentivar las exportaciones, eliminar impuestos en el sistema financiero, como el impuesto a la transacción financiera (ITF) e implementar políticas de apoyo para el sector del turismo.
Estas sugerencias implican la modificación del modelo económico que defiende el presidente Luis Arce, debido a que no pueden solucionar los problemas de la falta de empleo, la baja producción del aparato productivo, el contrabando, la informalidad, el no pago de tributos de sectores que obtienen altos ingresos, como son los mineros cooperativistas. Es necesaria la aplicación de medidas estructurales porque en estos momentos el país va camino al barranco, donde reina la crisis y el desastre inevitable.
El autor es periodista.