A pesar de que la administración de justicia en todo tiempo no ha sido invulnerable ante la influencia de sectores políticos, su deterioro se ha agravado desde hace aproximadamente quince años, cuando un partido populista quedó a cargo de la nave del Estado y aplicó una serie de medidas con resultados muy cuestionables.
Nos referimos, por ejemplo, a la determinación de elegir por voto popular a magistrados para diferentes organismos judiciales, pero con candidatos de trayectoria académica tan insuficiente que la población los rechazó al no darles los votos necesarios. Pero muchos de ellos, por favoritismo político, ocuparon cargos judiciales y causaron numerosos problemas. Los más graves tienen que ver con casos de corrupción y manipulación de la justicia para favorecer a oficialistas y castigar severamente a opositores.
Tan negativo es el funcionamiento del sistema judicial, que moros y cristianos aceptaron que requería medidas radicales para que vuelva a la senda de la corrección. Por ello hubo hasta ofrecimientos oficialistas de reforma, pero el asunto va quedando en el olvido, por intereses políticos de quienes no desean dejar el poder y, al parecer, están satisfechos con la subordinación de los actuales administradores de justicia.
Mientras tanto, en las cárceles del país se observa hacinamiento, abundante cantidad de reos con “detención preventiva” que puede ser indefinida por “vacíos jurídicos”, particularmente de quienes fueron parte del gobierno de transición en 2019. Y a pesar de que organizaciones cívicas, como en el cabildo realizado en La Paz en enero, pidieron en defensa de la democracia, la liberación de más de 190 líderes y actores políticos opositores, el gobierno se niega a asumir esa medida, arguyendo que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) determinó que no se debe dar amnistía a quienes vulneraron los Derechos Humanos durante la crisis de 2019.
Sin embargo, no todos los actores de esos sucesos están siendo juzgados y algunos de los más importantes, obviamente del oficialismo, ni siquiera han sido llamados a declarar. Si realmente se quiere impartir justicia, debería ser investigado todo lo que pasó con la insurrección popular de 2019, que se debió a que Evo Morales quería una cuarta reelección presidencial, haciendo caso omiso a un referéndum que dijo no a esa posibilidad. Lo peor es que mientras se observa celeridad y rigor para castigar a opositores, quedan postergados casos como las muertes de ciudadanos que salieron a protestar a las calles, así como el intento de hacer explotar la planta de gas en Senkata, la quema de buses PumaKatari o las quemas de viviendas de un ex Defensor del Pueblo y una reconocida periodista, entre muchos otros.
Además, de las 36 recomendaciones que hizo el GIEI para una adecuada administración de justicia, solo cuatro han sido cumplidas, lo que refleja alarmante lentitud en los procesos o falta de voluntad política para verdaderamente dilucidar lo que ocurrió en 2019. En todo caso, corresponde considerar los pedidos de entidades cívicas para brindar mejor trato a presos políticos que permanecen en “detención preventiva” permanente.