El tipo de cambio fijo, la burocracia, altos tributos y una industrialización poco desarrollada promueven el contrabando en el país, y esto afecta a ciertos sectores con más fuerza, pero en general provoca una competitividad desigual con la producción nacional.
El contrabando mueve más de 3.000 millones de dólares al año, en promedio, pues otras apreciaciones del sector empresarial mencionan una cifra de 3.500 millones. Un reciente estudio del Centro Boliviano de Economía (Cebec) de la Cámara Nacional de Industria, Comercio y Turismo de Santa Cruz (Cainco), señala que el drenaje de divisas del Banco Central de Bolivia (BCB) correspondería a 1.500 millones, sólo en 19 productos, sin tomar otros ítems como importación ilegal de automóviles.
El tipo de cambio fijo ha provocado que la importación de productos ilegales sea más barato, y por consiguiente, la producción nacional no puede competir en precio.
La burocracia también es otro factor que desalienta la formalización, de acuerdo al economista Gonzalo Chávez, expresado en sus redes sociales.
Esa percepción no es ajena a la preocupación de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), que dentro sus pedidos está la desburocratización, un trabajo conjunto entre el sector público y privado para alcanzar esta meta.
Mientras, el economista y exdirector del BCB, Gabriel Espinoza, es claro en señalar que la reducción de impuestos promueve más competitividad de la producción nacional en el mercado externo.
Mencionó que las bebidas alcohólicas, así como los cigarrillos enfrentan tributos altos en comparación a los países de la región por el Impuesto al Consumo Específico (ICE), es por ello que se reduce su competitividad y se abre el espacio al comercio ilegal.
Pero también indicó que Bolivia se convirtió en país tránsito, en su mayoría, del contrabando de cigarrillos, pues el mercado nacional es pequeño y esta operación provoca que esta actividad promueva la llegada de otros productos ilegales al país.
Espinoza señaló que, por ejemplo, el nivel impositivo para las bebidas alcohólicas es el más alto de la región, y si las autoridades nacionales igualarán el porcentaje, beneficiaría al consumidor boliviano, pues podrá decidir entre el producto nacional o el importado de manera legal.
“La caída de impuestos siempre es beneficiosa para el consumidor”, apuntó. Sostuvo que el 20% del mercado ilegal se volvería legal y con ello las recaudaciones se incrementarían.
Agregó que el equilibrio impositivo con el resto de los países eliminaría el diferencial de precios a los productos que ingresan al país y el Tesoro tendría una mayor recaudación mediante el consumo.
Planteó que sí hay que hacer estudios para mejorar la competitividad de la producción nacional frente a la importación. Por ejemplo, mencionó que una reducción del Impuesto al Consumo Específico permitiría incrementar la recaudación impositiva.
Asimismo, dentro de los desafíos que la Cámara Nacional de Industrias (CNI) planteó al presidente Luis Arce, está recuperar el espíritu de la Ley 843 (Código Tributario) y universalizar el pago de impuestos. El trato impositivo diferencial entre sectores está generando distorsiones. Asimismo, se necesita ampliar la base tributaria.
Entretanto, una encuesta del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) muestra que los bolivianos evitan pagar impuestos por varias razones: altas tasas, baja confianza, falta de educación, temor al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y trámites engorrosos.
Estructural
Mientras tanto, el presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, aseguró que el contrabando no es el problema sino el resultado de la estructura económica de Bolivia.
En ese entendido, explicó que el país es poco industrializado por ello la sustitución de importaciones es limitada. Como dato indicó que el 70% de los productos que consumen los bolivianos son importados, cuyo porcentaje que podría ser más.
Por ejemplo, el economista Antonio Saravia planteó que para reducir el contrabando se debería aplicar arancel cero, al respecto Romero señaló que la medida implicaría reducir la burocracia administrativa, pero también observa que los importadores legales tendrían que ver el costo beneficio.
Por ejemplo, la compra de cinco toneladas de alimentos de Argentina de manera legal, deberá encarar una serie de planteamientos, como el tiempo de venta de la mercadería y sí la gente pagará el valor oficial.
Mientras el ingreso de productos de contrabando no debe enfrentar ese contexto, debido a que se distribuye a los mayoristas, y éstos a los minoristas, luego se expende en los mercados a precios bajos.
El cierre de fronteras o un arancel cero no son las únicas salidas para reducir el comercio ilegal, pues el país debe consumir productos de afuera que la industria nacional no produce, por ello la solución tiene que ser de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro, reflexionó Romero.
Por ello sostiene que se debe fortalecer a la industria nacional, darle mejores condiciones al sector privado para que produzca de a poco lo que ingresa vía legal e ilegal al país, mientras tanto el contrabando seguirá.
Romero aseguró que el arancel cero allanaría el camino para que las importadoras legales puedan traer productos al país, pero no traen por las trabas burocráticas impositivas.
Planteó que se debe fortalecer la competitividad de la industria nacional, para ello se debería prohibir el ingreso de productos que produce el país y que paguen aquellos que no se hacen en el país.
A ese contexto adverso descrito por Romero, Espinoza suma otro, la débil institucionalidad de las entidades del Estado, porque no pueden hacer cumplir las normas vigentes.
Por tanto, plantea que para combatir el comercio ilegal, se debe empezar a diseñar normas aplicables y cumplirlas al mismo tiempo. Fortalecer la capacidad del Gobierno y los municipios para hacer cumplir las normas, requiere una coordinación entre varios sectores de la administración pública.
Al respecto, la CNI dentro de su planteamiento de lucha contra el contrabando, solicitó la participación de los municipios contra esa actividad ilegal, debido a que el consumo de productos ilícitos se hace en los mercados, sin ningún control.
Industria
Mientras tanto, al parecer el panorama que señaló Romero sobre la industria, se agudiza, de acuerdo a datos de la Cámara Nacional de Industrias.
En su Informe Anual de Evaluación de la Industria señala que en 2023 se estima un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) industrial inferior al 2%, cuando en 2022 se registró un crecimiento de 2,2% y en 2021 de 3,9%. Se trata de un descenso en el ritmo de actividad económica industrial en 2023 a consecuencia de factores internacionales y nacionales. Recién después de tres años se alcanzó el mismo nivel del PIB industrial de la prepandemia de la Covid-19.
Impuestos
La Fundación Milenio publicó en agosto de 2021 el libro “Modernización y Simplificación del Sistema Tributario”, en la que indica que pagar impuestos en Bolivia es un suplicio. El sistema tributario es un laberinto de normas y burocracia que insumen dinero, tiempo y trabajo inútil. Los contribuyentes están expuestos al abuso, la extorsión y la corrupción.
“Los bolivianos vivimos agobiados por demasiados impuestos, e ineficientes porque recaudan poco, y castigan a quienes trabajan, hacen empresa y crean empleo. La carga tributaria para las personas y empresas es excesiva, lo que encarece la producción y hace menos competitivas a las empresas y más difíciles los negocios formales. La tributación es inequitativa, ya que se basa en impuestos indirectos como el IVA y otros, que no diferencian la capacidad económica real de las personas”, detalla el estudio.
El estudio indica que la paradoja de la experiencia boliviana es que las tasas impositivas altas, junto con lo moroso y costoso que es pagar impuestos, incentivan la informalidad, el contrabando y la defraudación; grandes capitales y negocios se camuflan en los regímenes especiales para pequeños vendedores y productores, a fin de no pagar impuestos. El resultado es una tributación disfuncional que actúa como una camisa de fuerza para el esfuerzo, el talento y la iniciativa emprendedora.
