viernes, septiembre 27, 2024
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Insisten en llamados a desobediencia civil

Conade exige el cierre de tribunales que conforman el Órgano Judicial

> Una norma que beneficia a una propia institución, con la que se vulneran principios de transparencia, idoneidad y ecuanimidad, no puede darse. > Señalan que la actual coyuntura exige que la población demande el cierre de todas las instancias que operan en la ilegalidad, tras haber cumplido su periodo de funciones establecido por la Constitución. > Adelantan que marcha de próximo 11 de enero en Sucre, estará libre de cualquier intento de manipulación o apropiación con fines políticos.

Afirmando que la desobediencia civil es el último espacio democrático que le queda a la población para luchar por la justicia, el vocero del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Manuel Morales, exigió el cierre de los cuatro altos tribunales que conforman el Órgano Judicial y confirmó la convocatoria a movilizaciones para el próximo 11 de enero.
En declaraciones a medios de prensa en la Sede de Gobierno, Morales puntualizó que la figura de la “autoprórroga”, no existe en las normativas bolivianas, por lo que las funciones de las actuales cabezas de la justicia son plenamente ilegales y deben ser sancionadas en las instancias correspondientes.
“Una norma que beneficia a sí mismo, a una propia institución, con la que se vulneran principios de transparencia, idoneidad y ecuanimidad, no puede darse. Esto es lo que se rechaza”, indicó.
En ese sentido, sostuvo que la actual coyuntura exige que la población demande el cierre de todas las instancias que operan en la ilegalidad, tras haber cumplido su periodo de funciones establecido por la Constitución.
“Estamos pidiendo el cierre de estas cuatro instituciones, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental, ya que los magistrados que trabajan en estas instancias han cesado en sus funciones el año pasado”, manifestó el activista por la democracia.
Con relación a los llamamientos a la medida de la “desobediencia civil” para hacer frente a toda determinación que emane de un Órgano Judicial ilegal, Morales indicó que la ciudadanía está en ese camino, pues es el último recurso pacífico para defender la institucionalidad y la democracia.
Justificó además esta determinación, tomando en cuenta que sería ilegal en caso de tratarse de Órganos legítimos y completamente legales, “en este caso los magistrados están usurpando cargos”, por lo tanto, corresponde que estas cuatro instancias deben cerrarse, “mientras estén abiertas y bajo la custodia de la Policía, no sabemos lo que pase allí adentro”.
“La desobediencia civil está vigente y se trata del último espacio democrático que nos queda a los ciudadanos para luchar por la democracia y la justicia”, sostuvo Morales.
Sobre la marcha convocada para el próximo 11 de enero en la ciudad de Sucre, adelantó que la medida estará libre de cualquier intento de manipulación o apropiación con fines políticos, para resaltar el verdadero malestar de la población ante determinaciones ilegales por parte de autoridades que tratan de mantenerse en cargos que ya no les corresponden.
“El Conade y otras instituciones estamos convocando a que sea una marcha masiva para que se pueda expandir a otros departamentos. Al día siguiente de la marcha vamos a estar presentando al Ministerio Público las demandas penales contra los jueces usurpadores por delitos contra la Constitución Política del Estado el régimen democrático”, concluyó Morales.
El viernes, tras una reunión en la ciudad de Sucre, diferentes organizaciones ciudadanas, en coordinación con el Conade, convocaron a esta marcha contra el denominado “golpe judicial”, en protesta por la prórroga de mandato de los magistrados.
Esta semana, cuestionando los llamados a la desobediencia civil contra los magistrados prorrogados en el cargo, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, advirtió que esta medida sería un delito pasible de abrir una causa.
“Ese ya es un delito. Llamar a la desobediencia civil es un delito y, bueno, hay instancias competentes para abrir causas sobre estos temas”, advirtió la autoridad.
En criterio de Silva, es inconcebible que actores sociales y hasta legisladores hayan amenazado con juicios a los magistrados, señalando que cada Órgano del Estado debe velar por el cumplimiento de procedimientos para evitar vacíos de poder. “No debería haber ningún temor a una advertencia, amenaza de un proceso cuando uno ha actuado en el marco de la Constitución y las leyes”, sostuvo.

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