Bandas criminales y narcos siembran terror en Ecuador

Ante la espiral de violencia desencadenada por la actividad de grupos “narcoterroristas”, el presidente Daniel Noboa firmó ayer un decreto en el que declara “la existencia de un conflicto armado interno” en Ecuador. Durante la jornada violenta reportaron al menos ocho muertos y varios heridos en Guayaquil. Además, de registrarse serie de explosiones, secuestros de policías y la fuga de un criminal muy peligroso.
El decreto entró en vigor desde ayer, mediante el cual se ordena a las Fuerzas Armadas “ejecutar operaciones militares” bajo el Derecho Internacional Humanitario y respetando los Derechos Humanos con el objetivo de “neutralizar” a los grupos armados.
Asimismo, la proclamación del Estado de Excepción rige después de que las autoridades confirmaran la evasión de ‘Fito’ de la cárcel Regional Guayas, en Guayaquil, una de las implicadas en la reciente ola de violencia e inestabilidad dentro de los presidios ecuatorianos.
Ayer, el caos y pánico se apoderaron de Ecuador. En plena trasmisión de un noticiero, un grupo de delincuentes armados con artefactos de guerra y explosivos ingresó a las instalaciones del canal de televisión TC, conocido como canal 10, ubicado en Guayaquil. Además, una universidad y un hospital también sufrieron ataques de organizaciones criminales.
Por otro lado, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su enérgica condena por la toma de un canal de televisión en Ecuador por parte de delincuentes armados, que amagaron con allanamientos adicionales a otros medios, y exhortó a las autoridades a garantizar el trabajo periodístico en el país y en este caso en particular, conducir una investigación exhaustiva y enjuiciar a los responsables.
El presidente de la SIP, Roberto Rock, director del portal mexicano La Silla Rota, repudió el acto de violencia y aseguró que “la toma de un medio de comunicación por parte de delincuentes armados es un agravio que reviste extrema gravedad por sus múltiples implicaciones. En un contexto de violencia, cualquiera que sea su origen, las autoridades deben tomar las medidas urgentes para garantizar que los periodistas puedan ejercer su profesión sin temer a represalias y seguir sirviendo a la comunidad”.