Bolivia aqueja de una creciente violación de derechos humanos, desde la falta de justicia, el hacinamiento de cárceles, el uso excesivo del “terrorismo” para persecución política, y la falta de garantías de derechos sexuales, según un análisis de la organización Human Rights Watch (HRW), organización dedicada a vigilar e investigar genocidios y violaciones de derechos humanos en el mundo.
Justicia
instrumentalizada
El informe cita un documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras su visita al país en marzo de 2023. En él, se explica que el sistema judicial boliviano ha sido históricamente instrumentalizado “dependiendo de los intereses del poder político en turno”.
El informe de HRW acusa al presidente Arce de no haber cumplido su promesa de reformar la justicia para garantizar su independencia de la política.
El informe también señaló el caso de César Apaza, dirigente cocalero en prisión preventiva desde septiembre de 2022, quien no recibe atención médica adecuada y quien habría sido víctima de torturas y violencia por parte de agentes del Estado.
La CIDH, según el informe, también observó que gran parte de los jueces y fiscales en Bolivia son “transitorios”, y sufren represalias sin intentar ejercer decisiones propias.
“Los funcionarios judiciales que carecen de estabilidad en el cargo pueden ser vulnerables a represalias, incluido el despido arbitrario, si toman decisiones que no agradan a quienes están en el poder”, señala.
Persecución de
opositores
El informe también critica la amplia definición de la palabra terrorismo, usada para encarcelar al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, acusado de orquestar la renuncia del expresidente Evo Morales. HRW declara no haber encontrado pruebas que respalden dicha acusación.
Por otro lado, señala que la expresidenta Jeanine Añez también permanece en prisión desde 2021. Tras revisar los documentos de la imputación de Añez, encontraron que la acusación está “infundada y manifiestamente desproporcionada”.
Según el informe, otros delitos con una definición muy amplia en la legislación boliviana son el incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución. Estos delitos habrían sido usados para imputar a Añez y otros líderes de oposición.
Sobre la prórroga
Por otra parte, también se hace mención al tema de la prórroga de autoridades judiciales. HRW menciona claramente que la Constitución no contempla figuras más allá de la elección judicial.
“La Constitución no prevé nombramientos temporales ni la prórroga de los mandatos en caso de que las elecciones no se celebren oportunamente”, expresa el informe.
Sobrepoblación
carcelaria
“Los centros de detención de Bolivia albergan a tres veces más detenidos de los que permite su capacidad. La población carcelaria creció un 19% entre 2021 y 2022, ascendiendo a 24.824 personas”, informa HRW, citando a Fundación Construir, quien proporcionó los datos.
Asimismo, asevera que la prisión preventiva es usada excesivamente en el sistema judicial, incluso para líderes de oposición. Según Fundación Construir, menciona que el 66% de los detenidos actualmente aún esperan un juicio.
Medios asfixiados
El informe menciona el caso del cierre de Página Siete, conocido medio de comunicación boliviano que dejó de publicar información a mediados de 2023.
“En marzo (de 2023) la CIDH había expresado su preocupación por la forma en que el Gobierno asignaba la pauta publicitaria por parte del Estado. Bolivia carece de regulación al respecto”, señaló.
En adición, se observó que Bolivia aún no cuenta con una ley que garantice el derecho a la información en la Constitución.
Medioambiente
e indígenas
HRW observó también que en Bolivia no se cumplen los derechos de las comunidades indígenas, con políticas que permitan informarlos sobre proyectos que afecten su salud e integridad.
Por ejemplo, en el caso del uso del mercurio, o el incremento de la deforestación, señala que el Gobierno no muestra interés en garantizar los derechos de las comunidades, o de cumplir compromisos que ya están en curso.
“Hay poca información pública disponible sobre los términos de los acuerdos y su posible impacto social y medioambiental, lo que genera preocupación de permitir la minería sin respetar los derechos de las comunidades locales e indígenas”, indicó.
Pobreza y trabajo
infantil
Por otra parte, el trabajo infantil y los niveles de pobreza siguen siendo temas preocupantes para Human Rights Watch. Su informe explica que los niveles de pobreza y pobreza extrema no han disminuido notablemente en los últimos años.
“El Comité de los Derechos del Niño de la ONU recomendó al país aumentar las inspecciones para eliminar el trabajo de los menores de 14 años, la edad mínima legal para trabajar en Bolivia”, informó.
Según señala el informe, esta recomendación de la ONU fue realizada luego de observar que 724.000 menores de edad trabajaban en 2019, incluyendo minería, prostitución y trabajo agrícola (entendidos como los peores trabajos que puede realizar un menor de edad), citando datos oficiales.
Derechos de mujeres y
sexualidad
El informe reveló el dato de que más de 51.000 denuncias de violencia doméstica fueron registradas en la Fiscalía el año pasado. Asimismo, recalcó que la ley sobre el aborto no está debidamente modificada, pues la definición legal de violación debe incluir violencia e intimidación.
Además, se hace mención a que la legislación boliviana aún no ha cambiado para que las personas con diferentes orientaciones sexuales o identidad de género tengan derecho a la adopción, puedan ser elegidas para cargos públicos y no deban mantener privacidad sobre su identidad.
Posturas
internacionales
El informe menciona que el gobierno no renovó el mandato para que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos continúe en Bolivia. Desde 2020, esta había sido “una importante entidad independiente de monitoreo de los derechos humanos en Bolivia”, indica.
Finalmente, HRW criticó la postura de Bolivia frente a causas y conflictos internacionales. En este marco, recordó que Bolivia votó en contra de una resolución para prorrogar el mandato de observadores y expertos de la UNU en Nicaragua, Siria, Rusia, Burundi, Irán y Bielorrusia, dedicados a monitorear violaciones de derechos humanos.
Asimismo, informó que Bolivia votó en contra de establecer una misión internacional que investigue los hechos sucedidos en Sudán.