Asegurando que la crisis judicial provocada por la prórroga al mandato de magistrados del Órgano Judicial, requiere de un pronunciamiento internacional ante una “inaceptable situación” en la justicia boliviana, el expresidente, Carlos Mesa Gisbert, remitió una carta a la Relatora Especial de las Naciones Unidas para la independencia de Magistrados, Margaret Satterthwaite, solicitando un pronunciamiento de esa instancia.
En su solicitud, el presidente de la primera fuerza opositora señaló que “los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) han sido parte de un sabotaje permanente, en alianza con el Gobierno, en contra de la Asamblea Legislativa, bloqueando y demorando iniciativas para viabilizar las elecciones judiciales durante el año 2023, conforme manda la Constitución”.
Mesa demandó además que se “realice la evaluación y recomendaciones que el caso amerite, como una contribución de su institución a Bolivia para coadyuvar al restablecimiento del orden constitucional y democrático en mi país”.
En la misiva, el exmandatario recordó que desde el pasado 2 de enero, los magistrados “rompieron el orden constitucional del país al permanecer en sus cargos habiendo terminado su mandato de seis años de ejercicio de acuerdo a nuestra Carta Magna” y decidieron autoprorrogarse indefinidamente a través de la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023 numeral 4 de su parte resolutiva, fechada el 11 de diciembre de 2023.
Según Mesa “esta situación ha generado una crisis de institucionalidad democrática y conflicto de poderes en Bolivia, que compromete la paz y la convivencia social, además de que socava las bases del orden constitucional y del Estado de Derecho, comprometiendo toda la administración de justicia, especialmente en el ámbito penal, por las consecuencias que genera el hecho de que no exista en este momento el “Juez Natural””.
El líder de CC también recordó que en el informe presentado por el Relator García-Sayán, tras su visita al país en febrero de 2022, se señaló que en el país “no existe independencia judicial”, situación que provoca una crisis institucional y democrática en los cuatro poderes del Estado.