Se registraron ayer nuevos enfrentamientos protagonizados por manifestantes simpatizantes de Evo Morales (MAS), en puertas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), de la ciudad de Sucre, quienes fueron gasificados por efectivos del orden.
Sectores afines al exmandatario intensifican el conflicto tras permanecer movilizados en la ciudad de Chuquisaca en contra del mandato prorrogado de los magistrados del órgano judicial.
Ayer, tras un nuevo intento de sobrepasar el cerco policial alrededor del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), un grupo de marchistas del Movimiento al Socialismo (MAS) fueron gasificados por efectivos de la Policía desde horas de la mañana.
Los manifestantes, en su mayoría campesinos y cocaleros de Cochabamba, fueron reprimidos por efectivos policiales mediante el uso de agentes químicos para controlar la situación.
Según informaron varios medios, los manifestantes lanzaron piedras y palos al contingente policial. También se reportó la quema de una llanta en las cercanías del TCP, bajo la consigna de querer tomar las instalaciones del órgano judicial.
La Policía, por su parte, dispersó a la oleada de marchistas con gas pimienta y granadas de gas lacrimógeno al menos en dos oportunidades, según la prensa local.
Los dirigentes cocaleros cochabambinos advirtieron que se quedarían protestando en la capital del país hasta lograr la renuncia de los magistrados, quienes permanecen en sus cargos desde el 2 de enero de 2024, fecha en la que su período de mandato venció por ley.
A la fecha, dos magistrados renunciaron a sus cargos ante las críticas y protestas de varios legisladores y sectores de la sociedad. El primero fue Carlos Alberto Calderón, un exmagistrado cruceño que dimitió a su cargo en el TCP; el segundo, Esteban Miranda, de Cochabamba, dimitió horas después de conocerse al nuevo presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Los sectores sociales de la denominada facción “evista” exigen la renuncia de los magistrados y una convocatoria a nuevas elecciones judiciales, las cuales no se realizaron en 2023.
Por otra parte, los asambleístas y sectores sociales afines al presidente Luis Arce rechazan la movilización por considerarla violenta y porque debería estar dirigida al Legislativo, órgano encargado de aprobar la ley de convocatoria.
Tras la intensificación de las protestas, la Policía reportó que ya envió más unidades de refuerzo para continuar resguardando la institución. (Sucre, agencias)