Pese a que se esperaban 25 puntos de bloqueo alrededor del país, solo se identificaron ocho, mayormente en Cochabamba, por lo que ocho de nueve departamentos registraron “completa normalidad y transitabilidad”, informó ayer el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.
Según reportes corroborados por el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, se esperaba un registro de 25 puntos de bloqueo alrededor del territorio del país por los bloqueos convocados por sectores afines al exmandatario, Evo Morales, señaló Erbol.
Sin embargo, en palabras del ministro, “solamente se identificaron ocho puntos de bloqueo, de los cuales cinco se encontraron activos y tres fueron desmovilizados”.
Del Castillo señaló los cinco puntos activos identificados. Dos de ellos estaban en la carretera Cochabamba-Santa Cruz, uno en el km 91 y otro en el km 285. Otros dos puntos se hallaron en la carretera antigua entre estos dos departamentos: uno en Cruce Tiraque y otro a la altura del km 82, en Koari.
El quinto punto de bloqueo estaba en la carretera interdepartamental Cochabamba-Oruro a la altura del km 44, en Parotani, localidad que en horas de la tarde de ayer registró gasificaciones y enfrentamientos con la Policía, quienes aun así no lograron levantar el bloqueo.
“El pueblo boliviano es consciente del daño que provocan estas medidas extremas solo para satisfacer los apetitos personales de un sujeto y su séquito en desmedro de la economía de todas y todos”, publicó el ministro en sus redes sociales.
Por su parte, el presidente de Estado, Luis Arce Catacora, dedicó parte de su discurso presidencial de ayer a condenar los actos de quienes decidieron fijar bloqueo de caminos, por el perjuicio que supone para la sociedad.
“Los que fijaron esta fecha para bloquear la economía por intereses personales sólo expresan su desprecio por el Estado Plurinacional”, expresó en su discurso de aniversario por el 15 aniversario del Estado Plurinacional.
El bloqueo fue convocado la semana pasada por sectores afines a Morales, en demanda de una ley corta que convoque a elecciones judiciales y la renuncia de magistrados con mandato dilatado.