La ley tiene su origen en la lex romana, como todo el derecho y la cultura de occidente. Está considerada como una disposición de autoridad competente, para regular la relación entre los individuos en sociedad. Es decir, normar su conducta. Es el principal instrumento de la Ciencia del Derecho y como principio, tiene que ser de estricto cumplimiento por todos, pues es el “Deber Ser”, el cómo debe ser la conducta del individuo.
Las leyes son de carácter general “latu sensu” y para ciertas actividades “strictu sensu”, pero siempre para ser acatada, pues su incumplimiento determina la segunda parte de toda ley, la parte sancionatoria, que señala la sanción en caso de incumplimiento. En el estado de derecho, la igualdad ante la ley es un principio que también tiene su origen en la antigüedad griega, por eso Themis (diosa de la justicia), tiene los ojos vendados, pues no debe ver a quién se le hace justicia.
En los tiempos que vivimos en nuestro país, se ha des-institucionalizado el Estado, al calor del populismo. En consecuencia, la justicia, que debiera estar ajustada a la ley, ha perdido su independencia y se ha sometido al poder político, de tal manera que sus actos están desprovistos de cualidad legal y ética, puesto que, con una vara mide a unos y con otra a los demás. Es decir que es severa para los contrarios al oficialismo y laxa para los militantes del mismo.
Esta inconducta de los operadores de justicia, que ha echado por tierra el principio de la igualdad ante la ley, es parte de la política autoritaria con la que se gobierna el Estado boliviano hace más de tres lustros. Prueba de ello, son las abundantes declaraciones de los funcionarios de gobierno, que condenan los bloqueos que han instalado en algunas carreteras, indígenas-campesinos señalados de seguir al ex presidente Evo Morales, que dicen protestar por la auto prórroga de los magistrados del Órgano Judicial, pese a haber concluido el tiempo de su gestión por mandato constitucional. Las declaraciones apuntan a no permitir que se entorpezca el libre tránsito, pero hace unos meses, los campesinos de San Julián en Santa Cruz, bloquearon la carretera en protesta contra la gobernación, que no es oficialista y nadie pidió impedir ese bloqueo ni reclamó por el perjuicio.
El Ministro de Gobierno, presenta a detenidos por supuestos delitos y sin haberse iniciado las primeras diligencias de investigación criminal, ya tipifica los delitos que hubieran cometido, llegando a amenazar a los abogados que defiendan a los detenidos (supuestos vinculados al narcotráfico), cuando por disposición del derecho internacional, todos los individuos tienen el derecho a ser defendidos (derecho de defensa), de los delitos que se les impute. Y, por supuesto, los defensores tienen que ser abogados, pues han estudiado para eso, para defender.
Como vemos, la pérdida de institucionalidad del Órgano Judicial en nuestro país, y el autoritarismo, nos han conducido a un estado de anomia y pérdida de credibilidad de la sociedad en esta institución y en el aparato de gobierno. Y es que cuando los individuos y los organismos que tienen que ver con el servicio a la sociedad, se apartan del cumplimiento estricto de la ley, la sombra de incertidumbre hace presa de los ánimos colectivos, que observan los acontecimientos de la política, entendida como la ciencia del Estado y la administración de su poder. La principal función del Estado es gobernar y para ello tiene a los órganos de poder, y para evitar la concentración del mismo en pocas manos, el poder del Estado ha sido dividido en tres ramas: una para legislar, otra para ejecutar y una tercera para administrar justicia. Pero estos tres órganos o poderes, como señala Montesquieu, tienen que ser independientes, unos de otros, pero todos sujetos estrictamente a la ley.
Gobernar es dictar normas y hacerlas cumplir, pero, fundamentalmente, cumplirlas, es el “estado de derecho”, en que todo y todos están sujetos a la ley, en sus distintos niveles, comenzando por la Constitución o Ley de Leyes, que es la norma suprema que determina cómo está organizado el Estado (parte orgánica) y cuáles son los derechos y deberes de los individuos dentro del Estado (parte dogmática). Además que señala los límites del poder, por lo que nada debe ir contra de lo que establecen la Constitución y las leyes, es decir el ordenamiento jurídico.
El respeto y cumplimiento de ley, es una obligación de todos, gobernantes y gobernados, nadie puede estar por encima de la ley y menos “meterle nomás” para que los abogados resuelvan después, los entuertos jurídicos. El respeto a la ley, es el respeto a la vida y derechos de los individuos.
El autor es abogado, Politólogo, escritor y docente universitario.