Jurista propone que bloqueos tengan hasta 15 años de cárcel

El abogado constitucionalista, Williams Bascopé Laruta, propuso a la Asamblea Legislativa un anteproyecto de ley para penalizar los bloqueos de caminos con hasta 15 años de cárcel, fundamentando en que se atenta a los derechos a la libre circulación, la salud y el comercio del ciudadano de a pie.
Bascopé presentó una iniciativa legislativa al Parlamento, formalmente dirigida al vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, el jueves 25 de enero, en la que propone prohibir el bloqueo de carreteras en Bolivia bajo una sanción penal de entre 10 y 15 años.
La iniciativa surge en un contexto de bloqueo nacional de caminos convocado por sectores afines al expresidente, Evo Morales, en demanda de elecciones judiciales y en rechazo a la “autoprórroga” de las altas magistraturas del Órgano Judicial que continúan ejerciendo sus funciones de manera extendida bajo el argumento de que no es posible dejar un vacío de poder judicial.
El jurista sostiene su propuesta legislativa bajo el argumento de que los bloqueos de caminos son un perjuicio serio para la “ciudadanía de a pie” debido a que atentan contra su derecho a la libre transitabilidad por el territorio, derecho a la salud y derecho al comercio, mencionó en una entrevista exclusiva a EL DIARIO.
El anteproyecto consiste en un propuesta de cuatro elementos centrales: la vulneración de derechos constitucionales de ciudadanos, las sanciones propuestas, la garantía del cumplimiento de la labora de instituciones de Defensa del Estado, y el resarcimiento de daños y perjuicios a sectores involucrados.
“Esta propuesta llama a provocar el debate, llama a que discutamos esto para que de una vez se ponga en alto al bloqueo por el bien del país. ¿Vamos a permitir más fuga de capital y de inversiones por estos cocaleros de Cochabamba, por algunos interculturales fanáticos del ‘evismo’ y la irresponsabilidad del ‘arcismo’?”, cuestionó, mencionando que el desfalco económico y la quiebra serán inminentes si no se prohíben los bloqueos.
EL DIARIO tuvo acceso al documento presentado por el abogado. A continuación, conozca a detalle los elementos de esta propuesta presentada a la Asamblea Legislativa por el abogado constitucionalista, la cual se espera que sea analizada y debatida por los legisladores a la cabeza de su presidente, David Choquehuanca, en los próximos días.
DERECHOS
Esta ley propone garantizar los derechos a la libre circulación, al trabajo y a la salud, los cuales están reconocidos en la Constitución Política del Estado (CPE) y que son vulnerados cada vez que se instala un bloqueo de carreteras, expresó Bascopé.
“¿Cuántos transportistas están varados en la carretera por una demencial política de bloqueo por interés político? El derecho al trabajo de los transportistas se está violando, (al igual que) el derecho al comercio y el derecho a la salud”, cuestionó el jurista, aludiendo a las consecuencias vistas en los últimos días por los bloqueos de caminos.
Asimismo, recordó que dos personas, una mujer en la terminal de La Paz, y un transportista de cemento en Cochabamba, fallecieron producto de esta medida de presión. “(Los bloqueadores) están atentando a la vida”, denunció.
En tal sentido, el jurista propone que es necesario garantizar estos derechos de la población antes que el derecho a la protesta, que igualmente está tipificado en la Constitución Política del Estado (CPE), pero que, como explica a detalle más adelante, se están utilizando de manera abusiva.
El artículo 2 del anteproyecto de ley menciona: “queda prohibido para cualquier persona individual o afiliada a algún sindicato, organización social o persona jurídica dentro del Estado Plurinacional de Bolivia, el bloqueo total o parcial de carreteras y vías de circulación dentro del territorio boliviano, constituyéndose en una contravención normativa que afecta el derecho a la libertad de circulación de los ciudadanos bolivianos”.
SANCIONES
Bascopé propone decretar una sanción de 10 a 15 años de cárcel para cualquier persona que instale un bloqueo total o parcial de caminos, por el delito de atentado contra la seguridad de los transportes, establecido en el artículo 213 del Código Penal Boliviano. “Tenemos que poner drasticidad y un alto a la protesta”, manifestó.
A su vez, el colegiado propone modificar este artículo del Código Penal, con la posibilidad de agregar agravantes bajo el delito de terrorismo, en caso de mayor gravedad, sea por el uso de explosivos, armamento o actos delictivos que así lo ameriten, de acuerdo al artículo 133.
En el caso de ser procesados por agravantes de terrorismo, expresó que los autores de los hechos deberán ser sentenciados con 20 años de cárcel.
En tal sentido, el anteproyecto propone que el artículo 213 quede modificado de la siguiente manera: “el que por cualquier medio impidiere, perturbare o pusiere en peligro la seguridad o la regularidad de los transportes públicos o privados, por tierra, aire o agua, incidiendo en la afectación de la libre circulación de la población, será sancionado con reclusión de diez a quince años”.
DEFENSA
Bascopé propone también que la Policía y las Fuerzas Armadas intervengan en futuros bloqueos sin mediación de los órganos Ejecutivo ni Judicial, argumentando que las instituciones del orden deben preservar el estado de derecho y la paz social ante la comisión de un delito flagrante.
“Esta ley va a avalar a los grupos de seguridad del Estado que tengan toda la garantía de proceder a cumplir su mandato constitucional”, señaló el colegiado.
“Ante aquel que transgreda esto, éstos (mecanismos de defensa) actuarán, defendiendo al Estado y a la sociedad. Si estos sujetos usan la violencia, incluso lanzando piedras o dinamitas, la Policía y las Fuerzas Armadas van a responder con el uso de la legítima defensa”, propuso.
De esta manera, el proyectista señaló que los efectivos policiales y militares que actúen ante tal situación de defensa, no podrán ser procesados ni condenados.
El documento propuesto señala en su artículo 5 que “la fuerza pública será graduada en proporción a la resistencia opuesta por los manifestantes, lo cual no impide el uso de la violencia legítima del Estado para restablecer el orden público (…) quedando exentos de cualquier responsabilidad que pudiere surgir en el ejercicio de sus funciones”.
Los políticos, “de la manera más cobarde, se lavan las manos, los dejan a los comandantes de la Policía y las FFAA, los procesan y los meten a la cárcel”, cuestionó, arguyendo que la ley pretende proteger la labor de defensa de este personal.
Con esta ley, según su autor, los funcionarios del orden tendrán total garantía de ejercer la violencia legítima con el fin de restablecer el orden público.
En ese marco, Bascopé sostuvo que los derechos humanos no se pueden aplicar cuando las personas que ejercen violencia atentan contra la vida de los ciudadanos, mediante la utilización de explosivos o armas de cualquier tipo.
“Cuando usan violencia, de la misma proporción se tiene que reaccionar. No podemos estar a merced de estos sujetos. El momento en el que lanzan una dinamita están renunciando a sus derechos humanos”, enfatizó.
Por otra parte, recriminó que el Gobierno es “cobarde” y “genuflexo” por no actuar contra los cocaleros del Chapare y contra Evo Morales para evitar la escalada “abusiva y arbitraria” de las protestas.
RESARCIMIENTO
Como último punto, el colegiado propone que las instituciones estatales y privadas que se vean afectadas por un bloqueo de caminos, puedan demandar y exigir resarcimiento por daños y perjuicios a los instauradores de estas medidas de presión.
“Todos estos dirigentes y aventureros tienen que pagar los daños causados en la carretera, a la infraestructura pública o los daños causados a policías en el desbloqueo”, expresó.
La ley también faculta a sectores particulares y privados como transportistas o empresarios a pedir resarcimientos, en el marco de que el “castigo” no solamente sea penal sino económico, señaló el entrevistado.
En el artículo 7 de su iniciativa legislativa, se lee: “las entidades públicas o privadas perjudicadas podrán tomar las acciones judiciales correspondientes contra los autores (…) a fin de obtener el resarcimiento por los daños y perjuicios que hubieren sido ocasionados contra el patrimonio público, privado y las personas”.
DERECHO A LA PROTESTA
Bascopé fue enfático en recalcar que, si bien el derecho a la protesta está contemplado en la CPE, se malinterpreta esta disposición para bloquear caminos, lo cual no está permitido en la Carta Magna de Bolivia.
“La Constitución garantiza el derecho a la protesta, sí, pero no existe el derecho al bloqueo. Yo soy uno de los redactores de esta Constitución y no se puso eso en ningún lado”, señaló.
“La protesta puede ser una huelga, huelga de hambre, huelga de brazos caídos, plantón, pero no el bloqueo de carreteras, violando el derecho al trabajo de otra persona, el derecho a la salud de otra persona hasta llevarla a la muerte, violando el derecho al comercio”, expresó.
CRÍTICAS
Por su parte, el politólogo, Franklin Pareja, criticó la idea de penalizar los bloqueos debido a que esto permitirá al Gobierno de Arce ampararse en fallos judiciales para criminalizar cualquier protesta futura, lo cual es “un remedio peor que la enfermedad”, en su lectura.
Respecto a la acción popular presentada por el exdiputado Amilcar Barral, que busca procesar a líderes políticos por incitar a los bloqueos, Pareja considera que estas acciones “derivarán en la criminalización de la protesta, de tal manera que los masistas ‘arcistas’ se ampararán en un dictamen de la Sala Constitucional para proscribir las futuras protestas”, según se lee en una publicación que realizó en X (Twitter).
Asimismo, el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Freddy López, criticó la iniciativa de Bascopé bajo el argumento de que “las luchas y reivindicaciones sociales del país se consiguieron a través de huelgas, marchas y bloqueos”, sosteniendo que incluso Arce Catacora llegó al poder gracias a ellas.
“Hay que decirles a estos cachorros de la derecha, a estos políticos fracasados y opinólogos que primero lean la Constitución. Las huelgas y protestas están dentro del artículo 8 de la CPE y para modificarla tendría que haber pues otra Asamblea Constituyente”, aseveró la autoridad.