Procuraduría debe asumir acciones en crisis judicial

Ante la dilatación generada desde la propia Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para poder resolver la crisis de las Elecciones Judiciales, la diputada por Creemos, María René Álvarez, envió una nota a la Procuraduría General del Estado (PGE) para que se asuman las acciones legales correspondientes.
La legisladora remarcó que el vicepresidente David Choquehuanca, como presidente nato de la Asamblea Legislativa, es quien tiene toda la atribución para reencaminar el proceso de las elecciones judiciales; sin embargo, su actitud de dilación y hasta desinterés en el tema confirma que existe cálculo político en un problema que ha comenzado a convulsionar al país.
“La fase de preselección de los candidatos a las elecciones judiciales es una atribución constitucional de la Asamblea Legislativa y son más de nueve meses que toda acción quedó estancada por cálculos políticos y pugnas del oficialismo. Pero sobre todo, es la cabeza del Órgano Legislativo quien dejó pasar todo este tiempo y aún continúa llamando a ‘mesas de diálogo’, cuando él tiene toda la potestad de ejercer el mando y dar soluciones inmediatas por el bien del país, que ya se encuentra bloqueado y convulsionado”, dijo.
Álvarez remitió una nota al procurador César Siles para que, en el marco de sus responsabilidades constitucionales, active procesos para que Choquehuanca y el presidente de la Comisión de Constitución, Juan José Jáuregui, cumplan sus funciones y “dejen de sabotear el proceso de las elecciones judiciales”.
“Así como los operadores de justicia anuncian que harán cumplir la ley en otros casos, estamos exigiendo mediante nota, que el Procurador General del Estado tome las acciones legales correspondientes contra los responsables de perjudicar, dilatar y sabotear el proceso de las Elecciones Judiciales dentro de la Asamblea Legislativa”, agregó.
La diputada nacional rechazó los señalamientos de quienes pretenden responsabilizar a toda la Asamblea Legislativa por la crisis en el Órgano Judicial, puesto que existen instancias plenamente identificadas que tienen la potestad de llevar este proceso que fracasó en 2023.