Régimen de Maduro expulsa a misión de la ONU para DDHH

El Ministerio de Exteriores de Venezuela anunció ayer la expulsión del personal de la oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) por “agredir la soberanía y autodeterminación del país con mentiras, falsificaciones, desinformaciones y manipulaciones”.
“La decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución desarrolló, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la llevó a convertirse en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país”, indicó en un comunicado.
Caracas dio un plazo de 72 horas al personal de la oficina para abandonar el país y anunció una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la Carta de Entendimiento firmada con dicha oficina, en los próximos 30 días.
En concreto, determinó que esta medida se mantendrá vigente hasta que la oficina rectifique públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de Naciones Unidas.
En este sentido, acusó a la oficina de mantener una postura claramente sesgada y parcializada y de generar impunidad para las personas involucradas en diversos intentos de magnicidio, golpes de Estado, conspiraciones y otros graves atentados contra la soberanía del país, así como contra su Constitución.
El Ministerio indicó que las instituciones venezolanas priorizaron la vía del diálogo, intentando reconducir el accionar de la oficina hacia el respeto a la verdad, si bien ésta prefirió exacerbar los ataques contra Venezuela.
Caracas se refirió también a que sus acciones se enmarcan en un momento en el que el mundo es testigo de la barbarie genocida de Israel Gaza y de la inacción de la burocracia internacional ante el asesinato de más de 10.000 niños palestinos.
Esto se produce en el marco de la campaña de detenciones en el país latinoamericano después de que, el presidente Nicolás Maduro, afirmó en enero que durante el año pasado las autoridades desmantelaron cuatro intentos de magnicidio en su contra planificados desde Estados Unidos y Colombia.
Coincide, además, con la detención de la activista venezolana de Derechos Humanos, Rocío San Miguel, quien está acusada de presuntos delitos de traición, conspiración y terrorismo. La detenida, que es directora de la ONG Control Ciudadano, tiene nacionalidad española.
San Miguel fue detenida junto a otras cinco personas, cuatro de ellos de su familia, por supuestamente estar involucrados en un supuesto plan, denominado ‘Brazalete Blanco’, para atentar contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro.
La activista permanece recluida en el Helicoide, el centro de detención del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). Según la ONG Provea, las autoridades utilizan la desaparición forzada como práctica recurrente en el marco de su extenso repertorio represivo.
De hecho, la ONG recordó ayer en la red social X, que Acnudh pidió en la víspera a las instituciones venezolanas garantías del proceso en su contra, así como el derecho a su defensa.
“Esta medida aumenta la desprotección de las víctimas ante los abusos, e intenta impedir el escrutinio de los órganos internacionales de protección ante las graves violaciones de DDHH que se cometen a diario en el país”, indicó. (Europa press)