El presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (Abolac), Marcos Uzquiano, y su colega, Raúl Santa Cruz, acusados por presunta difamación y calumnia por parte de un cooperativista minero, denunciaron ayer que su proceso está “viciado de irregularidades” y que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) se negó a brindarles defensa institucional.
Una jueza del juzgado en Apolo fijó la audiencia de juicio oral para el 20 de febrero, en un caso que los guardabosques del área protegida del Madidi consideran como “injusto” y que constituye una “persecución minera” ya que la justicia se inclinaría a defender intereses del poder económico local.
Asimismo, Uzquiano señaló que el Sernap les negó la posibilidad de darles defensa institucional argumentando que el proceso iniciado es “personal” y “un asunto privado”, por lo que no puede involucrarse en el caso.
Cuevas denunció a los dos guardaparques por atentar contra su dignidad y su imagen, cuando reportaron que una caravana de motorizados de su cooperativa minera ingresó al área protegida sin autorización, con el supuesto fin de realizar actividades mineras ilegales.
Los dos guardabosques reiteraron que decidieron presentarse libremente a dar declaraciones, pues no tienen nada que ocultar y desearon “dar la cara a la justicia boliviana” en espera de que la nueva jueza de Apolo pueda “enmendar el caso” y declarar su inocencia.
Los guardabosques advirtieron que estos hechos son una forma de “acallarnos y silenciarnos a todos los que se atreven a denunciar” no solo a dependientes de su institución, sino a activistas, indígenas y cualquier ciudadano que desee hacerlo.
Adicionalmente, recalcaron que los ampara el Acuerdo de Escazú ratificado por Bolivia, el cual establece que el Estado debe garantizar y proteger a las personas defensoras de derechos humanos y ambientales.
Luego de brindar una conferencia de prensa ayer, los denunciados, junto con su representante legal, Rodrigo Herrera, hicieron un recuento de los hechos e instaron a que las autoridades ejerzan justicia pues reiteraron que solo cumplían con sus funciones.
Por su parte, Herrera coincidió en que un proceso con estas irregularidades podría ser un precedente para que defensores medioambientales, periodistas y otros pobladores sean juzgados por delitos en contra de los saqueadores y devoradores de la naturaleza.
LOS HECHOS
El 30 de marzo de 2023, el guardaparque, Raúl Santa Cruz, intentó impedir el ingreso de un conjunto de maquinaria pesada sin documentación, mientras cumplía sus funciones en un puesto de control en el municipio de Apolo, dentro del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi.
Al no lograr detener la invasión de los cooperativistas, Santa Cruz fue víctima de fuertes agresiones verbales y amenazas por parte de Ramiro Cuevas, conocido por dedicarse a la actividad minera aurífera en el área protegida.
Santa Cruz, entonces, se contactó con Marcos Uzquiano, quien se encontraba en otro punto llamado Estación Ecológica de Beni, para dar parte del hecho y solicitar apoyo.
Uzquiano decidió entonces denunciar el hecho por sus redes sociales teniendo extremo cuidado de no mencionar nombres o implicar a personas específicas. No obstante, la denuncia penal de difamación y calumnia terminó involucrando a ambos.
El guardaparque mencionó que, en su momento, el juez avaló notificaciones hechas a un domicilio en el que no residía para proseguir con el proceso. Asimismo, reclamaron que este caso “avanza a velocidad de la luz”, mientras otras denuncias permanecen desatendidas por la justicia.
AMENAZAS
Uzquiano también manifestó que existen evidencias de persecución minera a su persona desde 2018, año en el que la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman), y la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz “Túpac Katari”, pidieron su destitución y también la derogación del decreto de declaración del parque nacional Madidi como área protegida.
En este sentido, lamentó que permitir el ingreso de maquinaria pesada a áreas protegidas dejaría sin propósito la labor de los guardaparques. Pidió que las autoridades tomen conciencia de la gravedad de este atentado y del juicio “completamente injusto” que enfrentan.
“Apelo a que se pueda tener un pronunciamiento oficial desde el mismo Sernap e instancias del Estado porque, si permitimos esto, ¿qué sentido tendría ser guardaparques en Bolivia?”, mencionó.
Por otra parte, denunció que en 2021 habrían pedido nuevamente su cesantía, e inmediatamente luego de destinarlo a otra área protegida, le fue iniciado un proceso sumario.
“Si ahora dejamos indefensos a los guardaparques, ¿qué guardaparques en un futuro se atreverán a enfrentar a un infractor si al final te va a dejar solo?”, cuestionó.
El titular de la Abolac complementó que, el trabajo de los guardaparques no se limita a la protección de los recursos naturales, sino también a mantener la soberanía en territorios fronterizos en los que, muchas veces, la presencia policial o de las fuerzas armadas es inexistente.
EXPECTATIVAS
Dado que existe una nueva autoridad judicial en Apolo, Uzquiano mencionó que tienen la oportunidad de “enmendar su error”, por lo que espera que este martes pueda emitirse una sentencia absolutoria a favor de él y de su colega, Santa Cruz.
Herrera, abogado de los acusados, mencionó que existen algunos “tímidos” acercamientos de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Medio Ambiente que no son suficientes para evidenciar un verdadero interés del Estado por apoyarlos contra los que ostentan el poder económico al norte del país.
En caso de que la justicia falle en su contra, no descartó apelar la decisión, en primer lugar, o luego acudir a otras instancias judiciales o internacionales para exigir las garantías de los derechos humanos de sus defendidos.
En palabras de Uzquiano: “si (la justicia) falla en nuestra contra, ¿qué sentido entonces tendrá el ser guardaparques?” La conclusión sería esa, si el Estado quiere que (en las áreas protegidas) haya guardaparques o no”.
También recordó que el Madidi es el área protegida con mayor diversidad no solo de la región sino del mundo, por lo que su defensa y protección es vital para la sociedad.
