Luego de conocerse que el expolicía criminal, Blas Valencia, fue liberado con libertad condicional antes de cumplir la pena máxima, el abogado penalista, Romer Velasco, afirmó que es necesario modificar la actual ley para endurecer las penas en casos graves como asesinato.
En contacto con EL DIARIO, Velasco señaló que las leyes penales actuales aún están basadas en la premisa de que un criminal debe ser reintegrado en la sociedad.
Sin embargo, está demostrado que en la mayoría de casos, el criminal muestra reincidencia luego de su liberación.
Por esta razón, señala, el sistema penal vigente permite que cualquier persona con una sentencia pueda ser liberada antes de cumplirla, ya que solo le bastaría acogerse a lo estipulado en la Ley 2298.
La reinserción social de los criminales también está contemplada en el artículo 74 de la Constitución Política del Estado (CPE), la que permite dar “una oportunidad” al exconvicto para que pueda demostrar que puede reintegrarse a la sociedad.
En ese sentido, el fallo judicial al que apeló la defensa legal de Valencia para que pueda gozar de libertad condicional sería válido en el marco legal, aclaró el jurista a EL DIARIO.
Sin embargo, desde un punto de vista moral, expresó su cuestionamiento a la decisión, expresando que Valencia no debió salir nunca de la cárcel.
Al respecto, mencionó que existen muchos casos en los que se redujo la sentencia o se liberó a criminales acusados de asesinato, en los que citó ejemplos conocidos, como Richard Choque, Omar Gonzáles o Rudy Yañez Villavicencio.
Para el abogado, el hecho de que se haya liberado a personas acusadas de delitos graves es algo que “llama mucho la atención”, debido a que existe una mayoritaria tendencia a la reincidencia de delitos.
Velasco lamentó que, en la práctica el sistema penal no funcione para la reinserción social de criminales, sino todo lo contrario.
En vez de que el criminal reflexione y cambie su actitud, los años en prisión hacen que el prisionero sea libertado convertido en un criminal más perspicaz, lo que ocasiona que reincidan y vuelvan a cometer delitos, señaló.
El tal sentido, Velasco opinó que es necesaria una reforma a la Constitución y a las leyes procesales penales, sobre todo para los delitos más graves como el asesinato, el feminicidio y el infanticidio.
Al respecto, planteó que debería discutirse la posibilidad de alargar las condenas e incluir la cadena perpetua, aunque no comparte la idea de la pena de muerte.
“El detalle es que haya voluntad política porque el límite es muy corto. 30 años para colmo se disminuye a dos terceras partes de la condena, lo que se reduce a 20 años”, agregó.
El jurista experto recalcó que la jurisprudencia también ayuda a la reducción de penas, a través del derecho a la celeridad y la reunión de solo cuatro requisitos para obtener libertad condicional, entre las cuales está tener un trabajo y cumplir buena conducta un año el último año.
El entrevistado manifestó que estos elementos requieren un “análisis jurídico y social profundo” dentro de la legislación boliviana.
Tras considerar su salida como un hecho, cree pertinente cuestionarse a qué se dedicará el exconvicto. “¿Va a reinsertarse en la sociedad?, ¿Va a comportarse como se debe y como le exige la sociedad?”, criticó.
El problema con la reducción en las condenas es que, en un futuro, el criminal podrá volver a delinquir, entrar a la cárcel y volver a hacerlo una y otra vez, aseveró.
“La norma es muy permisiva (para que) haya más delincuentes y salgan más fácilmente de la cárcel”, concluyó, al mismo tiempo que planteó que en Bolivia debe empezar a discutirse el tema de la modificación de leyes penales.
CASO BLAS VALENCIA
Blas Valencia fue condenado a 30 años de prisión sin derecho a indulto por asesinar a dos policías y un civil durante el robo de 385 mil dólares de una furgoneta de la empresa Prosegur, el 14 de diciembre de 2001.
Tiempo después del hecho, se reveló que al menos cuatro peruanos habían ejecutado el asalto liderados por Valencia, que entonces era teniente coronel de la Policía Boliviana. Aunque imploró perdón en su juicio, Valencia recibió la pena máxima en mayo de 2003.
Tras su sentencia, Valencia fue llevado al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, donde conformó un grupo delictivo dentro del recinto.
En 2013, la Dirección de Régimen Penitenciario decidió trasladarlo a Palmasola, en Santa Cruz, acusado de organizar redes de extorsión a los privados de libertad.