“Estamos saliendo adelante”, es el lema del Gobierno central que día a día se escucha o se lee en diversos medios de comunicación tradicional o redes sociales, el cual da a entender que estaríamos en un estado estable a nivel político, social y en especial en lo económico. Nada más falso y mentiroso que nos inyectan desde el Viceministerio de Comunicación.
Los 16 días de bloqueos de caminos en el eje central del país en semanas pasadas, protagonizado por el ala evista del Movimiento al Socialismo (MAS) a título de que renuncien los actuales magistrados autoprorrogados y se convoque mediante ley a elecciones judiciales, prácticamente mató nuestra economía paupérrima que vivimos día a día.
Solo en nuestro país, se da la figura lacerante del bloqueo de caminos que perjudica de manera mayúscula al desarrollo económico en todos los sectores que generan producción. Bolivia perdió en su economía en más de 680 millones de dólares durante los últimos bloqueos de carreteras interdepartamentales. Más de 250.000 productores de Cochabamba, sufrieron los perjuicios en su economía por los bloqueos que hicieron los grupos cocaleros del Chapare afines a Evo Morales.
Esta actitud criminal de bloquear carreteras, calles, avenidas y otras vías públicas debe ser erradicada de forma definitiva, ya que afecta a la libre circulación. Uno ya no tiene la seguridad de planificar un viaje mediante carretera a otras regiones, debido a que unos cuantos desubicados/as por decir, se levantan con la cabeza revuelta y resulta que deciden bloquear cierta/s vía/s en nombre de sus reivindicaciones sociales o políticas, y el ciudadano común tiene que pagar los platos rotos.
¿Será qué así saldremos adelante? Lo único que están haciendo esos bloqueadores es matar la economía del país. Están haciendo escapar las inversiones extranjeras. Hoy ningún empresario nacional y menos extranjero en su sano juicio se animaría a invertir su dinero en un país inseguro en su economía y sistema judicial, como el nuestro.
El bloqueo de caminos no es constitucional y se lo confunde con el derecho a la protesta. El hecho de que uno no esté de acuerdo con alguna situación política, social o económica; no significa que uno tenga que pisotear los derechos de los demás.
Se debe erradicar todo bloqueo de caminos a nivel nacional, y en caso de hacerlo, las autoridades de gobierno y en especial el Ministerio de Gobierno, debe activar todos los mecanismos legales y en último caso todos los mecanismos de represión que avala la Constitución Política del Estado (CPE), como acciones directas y detenciones para levantar los mismos, que perjudican al desarrollo económico y encarecen los productos de primera necesidad que se toma en cuenta dentro de la canasta familiar básica.
El proyecto de ley de la Cámara Nacional de Industrias (CNI) que busca penalizar a quienes promuevan los bloqueos, incluso debería ser mucho más drástico, es decir de seis a diez años de cárcel y no de cuatro a ocho años, como propone dicha institución económica. La sanción penal actual por la mencionada figura jurídica es de tres a 18 meses. Algo irrisorio que solo produce un no me importismo.
Lo más paradójico en esto, es que recién acabamos de salir de un tremendo bloqueo de 16 días incitado por Evo Morales y sus afines y ahora otra vez estamos bloqueados en la región de Yapacani, sobre la carreta nueva entre Cochabamba y Santa Cruz, por parte del sector interculturales (avasalladores), perjudicando terriblemente al sector bananero del Chapare cochabambino.
Y sigo insistiendo: ¿así podremos salir adelante?, ¿cómo pregona el gobierno central? No, señores. A Lo único que nos está conduciendo este tipo de situaciones es a una Bolivia inviable. El gobierno central debe actuar con mano dura para erradicar todo tipo de bloqueo de caminos, sin contemplación alguna, porque actuar de manera “diplomática”, solo le llevará a que siga perdiendo el control de la gobernabilidad y seguridad nacional, como que hace rato, ya lo tiene perdido.
El autor es Comunicador social.