Insólito proceso legal contra guardaparques

Después de que, en el pasado año, la deforestación por incendios azotó con mayor gravedad a la Amazonia beniana y al norte de La Paz, así como a Santa Cruz, Cochabamba y Tarija, quedó al descubierto que grupos ilegales nacionales, en algunos casos con financiamiento externo, pugnan por ingresar especialmente a los parques nacionales del país, para aumentar cultivos de coca, extraer minerales como el oro, traficar con tierras, etc.
Ante esa nefasta y devastadora quema de alrededor de tres millones de hectáreas de vegetación, las principales autoridades nacionales declararon que no se permitiría el avasallamiento de tierras en áreas protegidas. En ese sentido, desde el Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales y Sociedad Civil, se aseguró “que por ningún motivo cederán ante los cooperativistas auríferos que buscan autorización para trabajar en áreas protegidas del país”.
Sin embargo, el parque nacional Madidi, el más rico en biodiversidad, sigue acechado por grupos irregulares, como mineros auríferos, que anteriormente llegaron a la ciudad de La Paz para exigir “derechos preconstituidos”, para ingresar a reservas naturales y territorios indígenas para sacar oro, sin mencionar que contaminan aguas de los ríos con mercurio y otros metales pesados, con graves riesgos para la salud de los habitantes nativos, así como para bosques y animales. Lo peor es que arcistas y evistas nada hacen para abrogar las normas que facilitan los incendios y frenar la desenfrenada explotación minera que, además, no implica pago de tributos en cantidad correcta al Estado. Tal situación hace entrever complicidad entre sectores masistas, gobernantes y partidarios, sobre todo.
Por el contrario, hace poco se ha conocido que un cooperativista minero ha iniciado un juicio contra dos guardaparques del Madidi “por atentar contra su dignidad y su imagen”, al informar que una caravana de motorizados de su cooperativa minera ingresó al área protegida sin tener autorización, supuestamente para iniciar actividades mineras irregulares. Lo que indigna es que este proceso legal haya sido aceptado y avance rápidamente y que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) se negara a defenderlos institucionalmente, arguyendo que es “un asunto privado”. ¿Se puede aceptar que dos protectores de reservas naturales queden indefensos ante semejante atropello?
Este caso rebela una vez más que desde el gobierno nacional se emite discursos demagógicos sobre el cuidado del medio ambiente tan rico en nuestro país. Y es que ha pregonado hasta el cansancio que tenemos que proteger a la naturaleza, que hay devoción a la pachamama y otras frases que quedan en el olvido apenas surgen intereses económicos de afines al MAS. Por ello es urgente un manejo adecuado de las áreas protegidas, con un tratamiento especial, al margen de mezquinos intereses políticos.