Rek denuncia indefensión de guardaparques en el país

Mediante una carta remitida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de este organismo, la senadora por Creemos, Centa Rek, denunció que Guardaparques en Bolivia se encuentran en estado de indefensión y persecución en su tarea de preservar áreas protegidas, como ocurre en el caso de Marcos Uzquiano y Raúl Santa Cruz, que enfrentan procesos judiciales carentes de sustento legal.
La asambleísta de oposición además pidió que organismos internacionales defensores de los DDHH y firmantes del Acuerdo de Escazú, del cual Bolivia es parte, en el marco de su mandato y atribuciones, realicen un llamado al Gobierno boliviano dirigido a asumir acciones apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que sufran los defensores de DDHH en asuntos ambientales.
“Alertamos a su autoridad sobre los actos que atentan contra el medio ambiente, las Áreas Protegidas y/o Reservas Forestales del país, y los derechos de quienes de forma desinteresada se han convertido en guardianes de la biodiversidad y los derechos de la madre tierra como son los guardaparques, Marcos Uzquiano y Raúl Santa Cruz que actualmente enfrentan un proceso judicial, que carece de sustento legal”, señala la nota.
Rek detalló que la persecución contra estas dos personas surge luego que impidieron y denunciaron la incursión ilegal de maquinaria pesada, perteneciente a una empresa minera cooperativista, en el área protegida del Madidi, con el fin de llevar a cabo actividades de explotación de oro.
En su calidad de secretaria del Comité de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente, Rek reclamó el hecho de que el proceso contra estas dos personas, perseguidos penalmente por cooperativas mineras con argumentos ridículos, se desarrolle en la población de Apolo, norte del departamento de La Paz, donde se conoce que existe una gran influencia de estos grupos de poder, que hace poco lograron la destitución de una subgobernadora precisamente por cuestionar el trabajo ilegal y sin aportes tributarios al Estado.
La carta de denuncia fue enviada a Margarette May Macaulay, Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a Javier Palummo Lantes, Relator Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH.