El día 21 de febrero de 2016, el pueblo en ejercicio de su soberanía, acudió a las urnas para emitir su opinión decisoria, en el referendo que había sido convocado por el gobierno del entonces presidente Evo Morales Ayma, que ejercía el poder por tercera vez consecutiva y pretendía candidatear para un cuarto mandato, pese a que la Constitución Política del Estado en su artículo 168 determina que: “El período de mandato de la presidenta o presidente y de la vicepresidenta o vicepresidente es de cinco años y pueden ser reelegidos por una sola vez de manera continua”.
El resultado de la consulta fue un rotundo ¡No!, es decir que la mayoría del pueblo a través de su voto, rechazó la pretensión de Morales Ayma de candidatear una vez más y ejercer la presidencia por cuarta vez. Está establecido el carácter vinculante de los resultados del referendo, es decir su cumplimiento obligatorio, pues la voluntad del pueblo llamado a emitir su opinión, debe ser acatada por todos, ese es el principio de respeto a la voluntad general, basada en la soberanía que reside en el pueblo, como principio democrático.
Pese a que el entonces presidente Morales Ayma, había anunciado su voluntad de respetar el resultado: “si el pueblo no me quiere retornaré a mi chaco”, una vez conocido el resultado del referendo, individuos el entorno del presidente, comenzaron a cuestionar el resultado, argumentando que el pueblo había sido inducido en su voto, por el caso Zapata y el hijo de Morales, que al final no existió. Lo cierto es que la gente del régimen populista, no acató el resultado del referendo y, según declaraciones, habían establecido cuatro salidas para habilitar al entonces presidente-candidato.
Un grupo de diputados envió al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una consulta sobre si la candidatura de Morales era o no viable, y el tribunal determinó que era “un derecho humano” la reelección presidencial, dando lugar a la postulación del presidente-candidato, el que en las elecciones de 2019 apareció favorecido por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), que suspendió el cómputo del TREP cuando el candidato opositor llevaba ventaja, acto que produjo la protesta de la ciudadanía, que acusó de “fraudulento” a ese evento electoral.
El presidente-candidato al ser tachada su victoria, convocó a la OEA, que envió a un grupo de expertos que ratificaron las dudas de la opinión pública sobre el fraude. Morales anuló esas elecciones y renunciaron los vocales del Tribunal Electoral, pero ante el levantamiento espontáneo de la ciudadanía en todo el país, acabó él renunciando y dejando el país apresuradamente, entre lágrimas.
El desconocimiento al veredicto público del 21 F, no solo provocó la caída y huida del Morales después de casi catorce años de gobierno continuos, la asunción a la presidencia de la senadora Jeanine Añez, los hechos de violencia posteriores a la renuncia del presidente y el gobierno transitorio de once meses, que acabó en nuevas elecciones por las que retornó al poder el partido político de Evo Morales, esta vez con otro candidato.
Han transcurrido ocho años desde febrero de 2016 y el no cumplimiento de la voluntad mayoritaria del pueblo, ha determinado en la ciudadanía una brecha de división y resentimiento, que no ha sido cerrada, por el contrario, tiende a profundizarse.
La voluntad del pueblo para elegir gobernantes o expresar su opinión, es la base de la sociedad moderna que superó, desde la Revolución Francesa, el absolutismo monárquico e implantó las ideas del liberalismo democrático, que se han extendido por casi todo el mundo, con excepción de las oprobiosas dictaduras, que todavía ahogan a sus pueblos en la pobreza y el sometimiento al poder de la fuerza y la tiranía.
El 21 F ha pasado, sin duda, como una fecha histórica en nuestro país, fecha que marca la decisión voluntaria del pueblo en el ejercicio de su soberanía, decisión que fue incumplida por un gobernante deseoso de mantenerse en el poder “de por vida”, como lo expresó en varias oportunidades. Esta fecha debe llevarnos a los ciudadanos que creemos en la democracia, a preservarla y perseverar en la defensa de nuestras libertades y derechos.
El autor es Abogado, Politólogo, escritor y docente universitario.