Ante los desafíos y problemáticas que aquejan a la aplicación de justicia en Bolivia, como el uso indiscriminado de medidas cautelares, la sobrepoblación carcelaria y la falta de seguimiento a los privados de libertad para que puedan ser reinsertados en la sociedad, es necesario pensar en implementar una verdadera política criminal en el sistema judicial del país, según sostuvo el abogado penalista, Porfirio Machado.
Debido al aumento de casos de asesinato y crímenes inhumanos cometidos diariamente en el país, surgió la opinión popular de ampliar las condenas en el sistema penal boliviano, bajo el argumento de que actualmente una sentencia de 30 años no es suficiente sanción para los crímenes más graves.
Al respecto, Machado considera que pensar en un aumento de las penas no es una solución aplicable, pero sí plantear una verdadera política criminal que establezca la identificación de perfiles criminales en la justicia y una clasificación adecuada de los privados de libertad dentro de los recintos penitenciarios.
“La ampliación de las penas no va a solucionar (el problema). Bolivia no tiene una política criminal. El tema está en que tengamos una ley de política criminal”, expresó en contacto con EL DIARIO.
Machado considera que pese a esta carencia en el sistema penal del país, “las autoridades centrales, así como la Policía nacional nos confunden (diciendo) que están aplicando la política criminal. (Esto es) falso porque, si así fuera, no tendríamos varones y mujeres ingresando a las cárceles, con medidas preventivas todos los días”.
“La política criminal va a clasificar si la persona es criminal, si se lo puede readaptar o si no tiene nada. (Debe haber) profesionales entendidos con un equipo multidisciplinario, tienen que tener psicólogos, sociólogos, antropólogos y psiquiatras que clasifiquen (los perfiles) de las personas”, planteó Machado.
El entrevistado no fue optimista en que el Gobierno central esté pensando o tenga interés en este tema. Cuestionó que, si bien se habla de la reforma de la justicia, “si no vamos a tener una política criminal en Bolivia, ¿cómo vamos a adecuar o reestructurar el Órgano Judicial?”.
Por otra parte, recordó que de acuerdo a la legislación boliviana, los criminales que fueron sentenciados con leyes anteriores a la actual (Ley 586 de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal de 2014), fácilmente pueden acogerse al principio de extramuro, lo cual les permite obtener su libertad sin necesidad de cumplir toda su sentencia.
ABANDONADOS
Un ejemplo de la falta de política criminal es el abandono que sufre la población carcelaria y la falta de seguimiento que se da a un privado de libertad para que pueda reintegrarse de manera productiva a su comunidad.
Machado puso como ejemplo a un abogado que atiende a un cliente y éste es enviado a la cárcel con una condena ejecutoriada. De acuerdo a la ley, los privados de libertad deben reeducarse para que puedan ser reinsertados a la sociedad.
“¿Pero qué hacemos la mayoría de abogados? Lo dejamos tras las rejas, ahí adentro, nos hemos olvidado. No hemos hecho el seguimiento, ya no le hemos dado una educación multidisciplinaria para que pueda reeducarse, para que de allá adentro salga readaptado. Tiene que estudiar, trabajar, mantener una familia, ser una persona normal”, reflexionó.
Por eso, señala, es necesario clasificar a los criminales natos de los que, por azares de la vida están dentro de la cárcel incluso sin ser culpables. “Estas personas sí se pueden readaptar”, expresó.
Machado criticó que el equipo multidisciplinario del Régimen Penitenciario “no hace nada” por trabajar en esta situación e incluso mencionó que conoció a colegas que criticaron al Estado, luego de haber sido autoridades.
“Han pasado muchos directores y colegas míos (en Régimen), pero mientras estaban sentados en ese sillón no han hecho nada. Terminó su gestión, los destituyeron, se fueron a su casa y desde allá vociferan y dicen ‘yo he visto allá que el penal requiere esto’, pero ¿por qué no lo ha hecho cuando estaban en ese cargo? Y se postulan todavía a algunos cargos del Órgano Judicial. En el momento en el que estaban, no han hecho una reestructuración ni una reingeniería”, reflexionó.
CONVIVENCIA
El jurista observó que la falta de política criminal también se explica por el hecho de que hay personas en prisión que, “por azares de la vida”, están encerradas compartiendo celdas con verdaderos criminales o sujetos más peligrosos, sin necesariamente tener un perfil delictivo, cuando sus delitos no eran planificados.
En este sentido, reiteró que pensar en una verdadera política criminal podría resolver esta situación, ya que muchas veces la convivencia con otros sujetos más inclinados hacia el crimen puede afectar negativamente a otros con menos tendencias criminales dentro de un recinto.
“Si bien hay secciones en las cárceles, conviven todos (entre sí). Los que tienen sentencias de 30 años, que probablemente tienen un perfil criminal, conviven con alguien que puede estar ahí por un error, entonces esto ya le ha ido contagiando”, señaló.
También mencionó que “las medidas cautelares no se están aplicando como ha reformado la ley 1173. Hay trabas como en numeral siete de los Riesgos Procesales, lo cual es la llave y el candado para que la víctima, a través de la Fiscalía, no sea soltada mientras no se lleve un juicio oral”.
Para el entrevistado, las medidas cautelares no han dado resultado porque “todos los días siguen ingresando personas, la mayoría con seis meses (de detención). Hay que cambiar eso porque ese numeral señala que el sindicado es un peligro para la víctima y para la sociedad”, con lo cual está en desacuerdo.
Machado argumenta que “mientras no haya una sentencia condenatoria y (la persona acusada) no tenga antecedentes policiales, no es un peligro para nadie. Aquel que es reincidente sí lo es porque se le ha visto un perfil”, refiriéndose a la presunción de inocencia que está contemplada, como un derecho de cualquier persona acusada de cometer un delito.
Porfirio Machado es abogado penalista y docente universitario de las carreras de Derecho y Ciencias Políticas. Obtuvo el tercer lugar en la elección de Defensor del Pueblo en 2022, cargo que terminó ocupando Pedro Callisaya. Machado también obtuvo el título de Honoris Causa en octubre de 2023 y recientemente anunció que postulará al Consejo de la Magistratura en las próximas elecciones judiciales.
