miércoles, septiembre 4, 2024
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Disposición exige cumplimiento

Ven supuestos intentos para impedir traslado de Camacho a Santa Cruz

Puntualizando que la resolución del Tribunal 8 de Sentencia es inapelable y su desacato involucra un incumplimiento de deberes, el diputado por la agrupación Creemos, Walthy Egüez, afirmó que desde el Ministerio de Gobierno se estaría tratando de impedir el traslado del gobernador Fernando Camacho, hasta la ciudad de Santa Cruz, porque debe pagar favores a socios en la gobernación cruceña.

“El Ministro de Gobierno no está por encima de una sentencia judicial inapelable, sus argumentos de violencia, inseguridad o convulsión social es un mal invento porque Del Castillo es el responsable directo de la seguridad interna y tiene a la fuerza pública a su mando para que dé cumplimiento. Si no cumple lo denunciaremos, cuando menos, por incumplimiento de deberes”, declaró Egüez.

Anteriormente, Camacho fue convocado a la capital cruceña para asumir defensa legal por el caso del Decreto Departamental 373 en audiencia de juicio oral presencial fijada para el próximo lunes 11 de marzo, esta disposición del Tribunal 8° de Sentencia de Santa Cruz, no tiene recurso de apelación a objeto de no vulnerar los derechos y garantías constitucionales del debido proceso.

En ese sentido, Egüez, precisó que tan pronto Camacho llegue a la ciudad de Santa Cruz, automáticamente asumiría sus funciones como gobernador departamental, es por ello que se busca impedir este traslado, sin importar los abusos y los hechos de tortura cometidos contra la autoridad cruceña.

“Lo mejor que le puede pasar al ministro Del Castillo es que el Gobernador se siga deteriorando en su salud, porque con las acciones de tortura impidiendo que tenga buena asistencia en salud y el secuestro que han cometido, pese a saber que él no puede estar en una celda por delitos no cometidos” enfatizó.

En este contexto, recordó que el mismo ministro de Justicia, Iván Lima, admitió que en 2019 hubo un fraude electoral perpetrado por Evo Morales, delito que el MAS busca revertir con la falacia de golpe de Estado.

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