La Constitución Política del Estado establece en el Art.390.II que “La Amazonia comprende la totalidad del departamento de Pando, la provincia Iturralde del departamento de La Paz y las provincias Vaca Diez y Ballivián del departamento del Beni. El desarrollo integral de la Amazonia boliviana, como espacio territorial selvático de bosques húmedos tropicales, de acuerdo con sus especificas características de riqueza forestal extractiva y recolectora, se regirá por ley especial en beneficio de la región y del país”. Sin embargo, NO existe el “desarrollo” y peor aún, permiten la deforestación de la Amazonia, que representa un pulmón de Bolivia Por ello las causas de la crisis climática son:
1) Por previsión, en los meses secos se debió colocar defensivos en las cabeceras de los ríos y hacer drenaje para retirar los escombros y el material de arrastre que traen las aguas.
2) Las inundaciones y los desastres por el desborde de los ríos ocurren porque se permite la deforestación, que en Bolivia llega a 350.000 Ha al año, pero en términos per cápita 320 M2/persona/año, resulta una tasa 20 VECES más alta que el promedio mundial (16 m2/persona/año) y una de las más altas del mundo, superando los niveles de otros grandes países deforestadores.
3) Para deforestar, quemaron en Bolivia más de 3.3 millones de hectáreas desde 2023. Para las plantaciones de soya, más de 900.000 Ha. El 56% de esa superficie está en Beni. Debido a la ampliación de la frontera agrícola por la agroindustria y la ganadería en Beni fueron quemadas más de un millón y medio de Ha, de las cuales el 80 % comprende matorrales y pasturas secas. En Santa Cruz fueron quemadas 858.148 Ha, que representan el 29 % del total nacional. Y en el norte de La Paz fueron afectadas 285.066 hectáreas, que es un 10% del total y la población de Cobija en Pando fue declarada en alerta por las inundaciones.
4) En el Parque Nacional Amboró, en la Reserva Municipal de San Rafael, los avasalladores tumban el bosque para traficar maderas valiosas. En la Reserva Municipal Curichi Las Garzas, los avasalladores afectaron 300 de las 1.247 hectáreas del área protegida para instalar tierras de cultivos en territorios indígenas; crecen los cultivos de hoja de COCA.
Efectos: 1) Por la falta de previsión, desde noviembre 2023, 40 personas han muerto, más de 16.000 familias se quedaron sin vivienda, sin nada, buscan sus pertenencias en medio del agua y el lodo, sin sus productos, por las inundaciones y duermen en la calle o algunos albergues.
2) La pérdida de bosques ocasiona la extinción del hábitat de millones de especies, porque el 70% de animales y plantas habita los bosques, mientras los suelos húmedos, sin la protección de los árboles, se secan rápidamente. Las inundaciones acontecen cuando el suelo y la vegetación no son capaces de absorber toda el agua y ésta fluye a los cursos de agua, rebajando su capacidad de conducción. La destrucción de infraestructura productiva, como carreteras, servicio de agua, edificios educativos o centros de salud, implica la pérdida de inversiones costosas, lo que ocasiona la paralización de las actividades económicas en las regiones afectadas, anulando la posibilidad de mejorar.
3) Los avasalladores queman los árboles para sembrar soya, y la coca para la producción de cocaína, son los nuevos ricos, por su ambición envenenan a nuestros jóvenes. No respetan las áreas protegidas, la ausencia del Estado fomenta esos avasallamientos a tierras fiscales. La carne de exportación va especialmente al imperio chino que nos está invadiendo. El gobierno producirá aceite de palma y construirá refinerías de biodiesel que utilizarían productos bolivianos.
4) El SERNAP identificó 10 áreas protegidas donde ya están los mineros cooperativistas que no PAGAN impuestos y destruyen el hábitat: la Reserva Eduardo Avaroa; la Reserva Manuripi; el Parque Nacional Otuquis; el Parque Nacional Amboró; el Parque Nacional Madidi; el Tunari; la ANMIN Apolo bamba; la Reserva Pilón Lajas; el Parque Nacional Cotapata y la ANMI San Matías, en los que están quemando árboles y extraen oro, ante la mirada cómplice de los servidores públicos que permiten el uso de MERCURIO que envenena los ríos.
La autora es Abogada, Economista y ex Asambleísta Constituyente.