La bancada de Creemos en la Cámara de Diputados impugnó el viernes el cierre del caso fraude electoral y el sobreseimiento de imputados en el proceso iniciado en 2019, además se presentó como víctima del hecho que esta semana fue desestimado por la Fiscalía General del Estado (FGE).
“El fiscal general, Juan Lanchipa Ponce no puede cerrar el caso en base a un documento que no está acreditado dentro del Estado para ser tomado en cuenta dentro del procedimiento penal boliviano. Como parlamentarios vamos a estar en trinchera realizando todas las acciones judiciales que se nos permite de acuerdo a derecho”, afirmó el jefe de bancada, Erwin Bazán, en conferencia de prensa en Santa Cruz.
Para dar continuidad a las acciones legales con las que se busca impulsar el juicio por el presunto fraude, los asambleístas de Creemos se presentaron en el proceso como víctimas del supuesto ilícito electoral de 2019.
“Nos estamos apersonando en calidad de víctimas porque no vamos a permitir que haya una manipulación, una distorsión de la realidad y de la historia (…), exigiéndole a la Fiscalía que se nos reconozca en calidad de víctimas porque nosotros como ciudadanos naturales somos víctimas del fraude electoral de 2019; pero, además, como parlamentarios representamos a los ciudadanos que también se declaran en calidad de víctimas”, señaló Bazán.
MEMORIAL
El memorial de apersonamiento presentado ante la Fiscalía en el departamento de La Paz precisa que la acción legal iniciada por los legisladores se cumple como parte del ejercicio de control y fiscalización, además, del derecho a la petición, el acceso igualitario a la garantía del debido proceso y el derecho a la impugnación, tanto en calidad de víctimas y como de asambleístas.
Bazán anunció para los siguientes días acciones legales adicionales, como un recurso de nulidad contra el “informe universitario” adjudicado al docente de la Universidad de Salamanca, Manuel Corchado, y que el fiscal Lanchipa endosó al proceso como prueba pericial.
“Un informe universitario elaborado por tres personas no puede ser tomado como prueba (…), el informe de la Universidad de Salamanca es sólo un informe académico sin relevancia forense ni reconocimiento legal como institución forense para el ordenamiento penal boliviano”, manifestó.